Un hombre identificado como Jacobo G.E. fue sentenciado a 90 años de prisión tras ser declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada cometido en agravio de una niña de 11 años de edad. Los hechos sucedieron en el municipio de San José Tenango, en el distrito de Teotitlán. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado a través de comunicado.
La resolución fue emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento. Esto, luego de concluir el proceso penal iniciado por hechos ocurridos en distintas fechas de febrero, abril y julio de 2017. Cuando la víctima sufrió agresiones sexuales dentro de un domicilio. Su identidad permanece reservada conforme a la ley por tratarse de una persona menor de edad.
LOS HECHOS OCURRIERON EN 2017
De acuerdo con el expediente judicial, las agresiones fueron cometidas de manera reiterada durante varios meses. Lo que constituyó uno de los elementos considerados para acreditar la gravedad del delito.
Tras la denuncia, se integró la carpeta de investigación y fueron recabadas pruebas periciales, testimoniales y demás elementos que permitieron sostener la acusación durante el juicio.
EL TRIBUNAL ACREDITÓ LA RESPONSABILIDAD
Una vez desahogadas las distintas etapas del proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio contra Jacobo G.E., al determinar que existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada.
Además de la pena privativa de la libertad, el órgano jurisdiccional ordenó el pago de la sanción económica prevista en la legislación aplicable.
UNA DE LAS PENAS MÁS SEVERAS
La condena de 90 años de prisión representa una de las sanciones más altas contempladas para delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. Con ello, reflejando la gravedad con la que este tipo de conductas son sancionadas por el sistema de justicia.
Si bien la sentencia marca el cierre de la etapa judicial, también evidencia el largo camino que suelen recorrer las víctimas de violencia sexual para acceder a una resolución definitiva. Un proceso que en este caso se extendió cerca de nueve años desde que ocurrieron los hechos.
Más allá de la duración de la condena, el caso vuelve a colocar en el centro la necesidad de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes. Así como de garantizar investigaciones y procesos judiciales oportunos que eviten que el tiempo se convierta en un obstáculo para el acceso a la justicia.
