Recientemente ha circulado un caso que ha causado revuelo en redes sociales y medios de comunicación: el de Carlota “N”, una adulta mayor acusada del presunto homicidio de dos personas en el municipio de Chalco, Estado de México. La mujer denuncia que las víctimas pertenecían a una familia que invadió su vivienda en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de Candelaria Tlapala. Este incidente ha abierto el debate sobre un fenómeno que afecta a muchas personas en la región: los despojos de casas.
La denuncia de Carlota “N” ha desatado una ola de testimonios de otros afectados, lo que ha llevado al creador de contenido Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay en redes sociales, a realizar una investigación profunda sobre el tema. En un video publicado en sus plataformas, Yulay presenta una entrevista con un presunto invasor de casas identificado como “La Rana”, quien reveló detalles escalofriantes sobre cómo operan las organizaciones dedicadas al despojo de viviendas en el Estado de México y la Ciudad de México.
UN NEGOCIO CRIMINAL BIEN ESTRUCTURADO
Según el relato de “La Rana”, la organización a la que pertenece lleva varios años operando en la zona. El hombre explicó que su “negocio” ha crecido tanto que ahora tiene empleados que lo ayudan en el proceso de invasión de propiedades. Estas viviendas, una vez tomadas, son luego vendidas o rentadas a personas que no tienen acceso a un crédito hipotecario, lo que permite a los invasores obtener grandes ganancias a costa de quienes buscan una vivienda.
“La Rana” detalló el proceso de cómo identifican las casas abandonadas para invadirlas, indicando que se basan en varias señales, como el pasto largo, la chapa oxidada y las ventanas mal cerradas. Según su testimonio, el primer paso es vigilar la propiedad durante un tiempo para confirmar que está deshabitada. Luego, uno de los miembros de la organización se instala en la vivienda durante tres días para asegurar que no haya flagrancia de la invasión, utilizando el conocimiento sobre cómo manejarse con la policía local.
MODUS OPERANDI: RAPIDEZ Y CORRUPCIÓN
Lo más sorprendente del testimonio de “La Rana” es la rapidez con la que aseguran una propiedad. Según él, el tiempo promedio para invadir una casa es de solo tres minutos. Una vez dentro de la vivienda, la propiedad pasa a ser de la organización, aunque no todo es tan sencillo. El proceso legal incluye la obtención de documentos apócrifos que, posteriormente, son utilizados para sobornar a notarios y autoridades locales con el fin de conseguir papeles legales que respalden la propiedad de la casa. En algunos casos, los invasores logran vender las viviendas con estos documentos falsificados.
“La Rana” también reveló que su grupo tiene una nómina de entre 80 mil y 100 mil pesos quincenales, pagando a sus empleados entre mil 500 y dos mil pesos cada quincena, independientemente de cuántas casas logren invadir. Sin embargo, la organización tiene un ritmo impresionante de invasiones, ya que, según él, en un período de quince días pueden apoderarse de entre seis y ocho nuevas propiedades, lo que equivale a una invasión cada dos días.
IMPACTO SOCIAL Y LA CRECIENTE PREOCUPACIÓN
Este tipo de actividades delictivas no solo afectan a las víctimas directas de los despojos, sino que también alimentan una sensación de inseguridad generalizada en las comunidades. El caso de Carlota “N” es solo un ejemplo de cómo la falta de control sobre la invasión de propiedades está afectando a miles de personas en el Estado de México, donde las organizaciones criminales parecen tener una red bien establecida que opera con impunidad, gracias a la corrupción local y la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades.
La denuncia de Yulay y su investigación sobre este fenómeno no solo visibilizan el problema, sino que también alertan sobre la necesidad urgente de abordar la corrupción, la inseguridad y la falta de regulación en el sector inmobiliario en el Estado de México. Sin un control más estricto y un combate efectivo contra estos grupos criminales, los despojos de viviendas podrían continuar siendo una realidad cotidiana para muchas familias.
Finalmente, la denuncia pública de Carlota “N” y la investigación realizada por Yulay exponen la realidad cruda de un negocio criminal que afecta a las personas más vulnerables, desatando un llamado a la acción para combatir el despojo de propiedades y proteger los derechos de los ciudadanos en la región.
