La violencia en la región del Istmo de Tehuantepec sigue desbordándose y pone en alerta a las autoridades estatales y nacionales. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha emitido medidas cautelares urgentes en favor de la comunidad de San Isidro Platanillo, una población ubicada en el municipio de Santo Domingo Petapa. La medida tiene como objetivo evitar más actos de violencia y posibles daños irreparables para los habitantes de la localidad, tras el reciente asesinato de tres miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), en un ataque armado registrado el 13 de febrero.
UN CONFLICTO AGRARIO ENRAIZADO
El crimen ocurrió en un contexto de tensión entre dos comunidades, Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixe, quienes mantienen un conflicto agrario por la delimitación de sus tierras. Además, la construcción de un camino artesanal que conecta a ambas poblaciones ha sido otro de los factores que ha exacerbado la disputa, ya que ha generado una fuerte oposición entre los habitantes de las comunidades involucradas.
La DDHPO detalló que el 10 de febrero comenzaron a registrarse bloqueos en los accesos a la comunidad de San Isidro Platanillo, realizados por grupos armados provenientes de distintas agencias. Esta situación ha generado un escenario de creciente inseguridad, afectando la tranquilidad de los habitantes y provocando el temor de nuevos ataques.
LA VERSIÓN DE LA UCIZONI Y LA RESPUESTA OFICIAL
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) ha rechazado las declaraciones emitidas por la Secretaría de Gobierno (Sego) del Gobierno de Oaxaca, quien afirmó que el conflicto derivaba de la negativa de algunas comunidades de Petapa para permitir la construcción de un “camino bienestar” en una zona en disputa. Según la Ucizoni, la versión oficial no refleja la realidad de la situación, y la presencia de seguridad pública en la zona es prácticamente inexistente.
La Defensoría, por su parte, comunicó que tuvo contacto con habitantes de la comunidad de El Platanillo, quienes aseguraron que un grupo armado conocido como “Los 33” mantiene rodeada la localidad, lo que ha generado una enorme preocupación entre los pobladores.
MEDIDAS CAUTELARES Y LLAMADO AL DIÁLOGO
Dado el alto riesgo que enfrentan las personas de San Isidro Platanillo, la DDHPO solicitó la intervención inmediata de diversas autoridades para evitar daños irreparables. La Defensoría ha instado a la Secretaría de Gobierno (Sego) a convocar mesas de diálogo con todos los actores involucrados para encontrar una solución pacífica al conflicto y restaurar el tejido social entre las comunidades en disputa.
Además, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública garantizar la seguridad de la población de San Isidro Platanillo y a las autoridades de Santo Domingo Petapa colaborar activamente en estas gestiones. La Defensoría enfatizó que la seguridad pública es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene la obligación de proteger la integridad física de sus ciudadanos.
RESPUESTA OFICIAL Y TENSIONES CRECIENTES
A pesar de la situación de alerta, el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, desmintió las versiones de que la comunidad de San Isidro Platanillo estuviera rodeada por grupos armados y aseguró que la información difundida era falsa. Según Romero López, los rumores de una “psicosis” generalizada solo han generado más conflictividad y alejan las posibilidades de una solución pacífica.
López también reiteró que las fuerzas de seguridad están presentes en las cercanías, pero han evitado ingresar a la zona debido a la complejidad del conflicto y la violencia en curso. El funcionario subrayó que la solución no pasa por la militarización, sino por encontrar una vía de resolución dialogada que permita atender las raíces sociales de la disputa.
UN LLAMADO A LA PAZ
El conflicto en la región del Istmo sigue reflejando una problemática de larga data que afecta la convivencia pacífica entre comunidades. En medio de acusaciones cruzadas, tensiones de poder y un clima de inseguridad, las autoridades y las organizaciones sociales coinciden en que solo a través del diálogo y la construcción de acuerdos será posible restablecer la paz en la zona.
Finalmente, la DDHPO continuará monitoreando la situación, mientras que las comunidades de la región, en especial San Isidro Platanillo, siguen enfrentando una incertidumbre que pone en riesgo la vida y los derechos de sus habitantes. La preocupación es palpable, y el futuro de la zona dependerá de la respuesta de las autoridades y de la voluntad de todos los actores involucrados para alcanzar una solución que permita la convivencia pacífica.
