La madrugada del 13 de septiembre de 2021, la colonia Reforma de Oaxaca amaneció con el eco de disparos y una noticia que sacudió al ámbito judicial: el magistrado Enrique Pacheco Martínez había sido asesinado frente a su domicilio. Tres años después, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró una sentencia de 35 años de prisión contra David Ubaldo M.L., identificado como uno de los autores materiales del crimen.
Pero más allá de la condena, el caso revela un nivel de planeación que apunta a una ejecución premeditada y meticulosamente calculada. Los agresores, según la investigación, se hicieron pasar por trabajadores de limpia para acercarse a la víctima sin levantar sospechas. Portaban escobas que, al ser analizadas, no coincidían con las herramientas utilizadas por los barrenderos municipales. Fue el primer indicio de que se trataba de un crimen con tintes profesionales.
UNA EMBOSCADA DISFRAZADA DE RUTINA
La reconstrucción de los hechos muestra que el magistrado fue atacado a las 6:50 de la mañana. Justo cuando salía de su casa como cada día para realizar actividad física. Su esposa, acompañada del escolta del juez, había salido minutos antes, lo que dejó a la víctima sin protección. En ese momento, dos individuos se aproximaron y abrieron fuego, causándole heridas mortales en el acto. El magistrado quedó tendido sobre el estribo de su camioneta GMC negra, sin que los cuerpos de seguridad pudieran evitar el hecho.
Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar a bordo de motocicletas. Pese al despliegue inmediato de policías estatales y municipales, no fueron detenidos en ese momento. La escena fue acordonada y quedó bajo control de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que desde ese día comenzó a trabajar con diversas áreas de criminalística e inteligencia.
LA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto (FEADAI) atrajo el caso y desplegó un operativo de análisis profundo. Cámaras de vigilancia —tanto públicas como privadas— fueron clave para rastrear la ruta de escape de los sicarios. Las pruebas periciales, testimonios y grabaciones permitieron identificar a David Ubaldo como uno de los responsables del homicidio.
El 31 de marzo de 2022, tras meses de seguimiento, agentes de la AEI cumplimentaron una orden de aprehensión librada por un juez de Valles Centrales. El imputado fue detenido y procesado por homicidio calificado. A lo largo del juicio, la Fiscalía aportó pruebas contundentes que terminaron por convencer al Tribunal de Enjuiciamiento.
Así que se le dictó la sentencia: 35 años de prisión y una indemnización de más de 3 millones de pesos por reparación del daño a los familiares de la víctima.
¿UN CRIMEN DE ESTADO? LA LÍNEA AÚN ABIERTA
Aunque David Ubaldo fue hallado culpable como autor material, la Fiscalía no descarta la participación de más personas. La precisión del ataque y la información que manejaban los agresores hacen suponer una estructura más compleja detrás del asesinato. Las investigaciones siguen abiertas y podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión en los próximos días.
El caso ha generado reacciones de indignación y temor dentro del ámbito judicial de Oaxaca. No solo se trata de un homicidio, sino de un atentado directo contra un representante del Poder Judicial, lo que eleva la gravedad del hecho y la urgencia de esclarecer completamente los motivos y la red de responsabilidades.
JUSTICIA CON MENSAJE
La FGEO ha insistido en que este resultado es una muestra del compromiso institucional con la justicia, especialmente en crímenes de alto impacto. El caso del magistrado Pacheco es ahora un símbolo del esfuerzo ministerial por combatir la impunidad y proteger a quienes imparten justicia en un entorno cada vez más desafiante.
A más de tres años del crimen, la sentencia contra David Ubaldo M.L. marca un punto de inflexión. Pero también abre nuevas preguntas: ¿quién ordenó el asesinato?, ¿cuáles fueron los móviles reales?, y ¿cuánto poder sigue operando en las sombras en Oaxaca?
