Durante la conferencia matutina del martes 24 de junio, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, anunció un paquete de reformas legislativas en materia de seguridad pública, que incluye la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y nuevas leyes para consolidar jurídicamente a la Guardia Nacional.
La propuesta busca modernizar y articular de forma efectiva los sistemas de inteligencia y seguridad pública en los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, bajo el argumento de responder a los desafíos contemporáneos de violencia, crimen organizado y gobernabilidad.
INTELIGENCIA BAJO CONTROL JUDICIAL
Godoy detalló que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia será un instrumento legal con facultades para prevenir, detectar y desarticular amenazas contra la paz pública, operado por el Centro Nacional de Inteligencia y coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante un Consejo Nacional de Inteligencia.
Aclaró que no se invadirán datos personales ni la privacidad de los ciudadanos, ya que cualquier intervención estará sujeta a autorización judicial, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
“No se permitirá ningún uso político de la información gracias a los candados legales y mecanismos de control que contempla la propuesta”, enfatizó.
REFORMA A LA GUARDIA NACIONAL: NUEVAS LEYES Y CÓDIGOS
En paralelo, se presentaron reformas que buscan armonizar legalmente la figura de la Guardia Nacional, que incluyen la expedición de una nueva ley específica, seis ordenamientos complementarios y dos códigos. El objetivo es articular su actuación como coadyuvante del Ministerio Público en labores de prevención y persecución de delitos.
Según Godoy, la iniciativa permite una mejor integración de la Guardia Nacional con otras instancias de seguridad pública, siempre bajo el principio de respeto a la legalidad y subordinación civil.
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció también una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destinada a sustituir la normativa vigente desde 2009, considerada obsoleta.
Figueroa explicó que la ley actual presenta “mecanismos de coordinación rígidos” y un enfoque limitado a la operatividad de las instituciones, dejando de lado la “articulación estratégica” y la utilidad social. La nueva legislación propone un modelo de competencias concurrentes, con una clara distribución de funciones entre las autoridades federales, estatales y municipales, promoviendo una acción más eficiente y coordinada.
Entre los cambios propuestos está la juridificación del Gabinete de Seguridad Pública, que adquirirá carácter obligatorio y replicable en los estados mediante mesas de paz regionales, lo que permitirá alinear las estrategias estatales con la política nacional.
SHEINBAUM RESPONDE A CRÍTICAS POR PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MIEMBROS DE LA GUARDIA
Ante las críticas surgidas por la posibilidad de que miembros de la Guardia Nacional puedan solicitar licencia para contender por cargos públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de los cuestionamientos y defendió la legalidad de dicha disposición.
“Esa crítica muestra una gran ignorancia. Ya está prevista en la Constitución de 1917, artículo 55 fracción cuarta, y en la Ley Orgánica del Ejército desde 1986. Lo que se hace es homologar la situación de los miembros de la Guardia Nacional con la de los elementos del Ejército y Fuerza Aérea”, explicó.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Arturo Coronel Flores, detalló que existen cuatro tipos de licencias para los elementos militares, lo que avala legalmente que un integrante en servicio pueda separarse temporalmente de su cargo para participar en procesos electorales.
ANÁLISIS CRÍTICO: ¿MÁS CONTROL O MÁS EFICACIA?
Las iniciativas presentadas representan una redefinición institucional del aparato de seguridad e inteligencia del país, con una apuesta por mayor coordinación, control y claridad legal. Sin embargo, los críticos advierten riesgos de militarización encubierta y posibles usos discrecionales del sistema de inteligencia.
El hecho de que la Guardia Nacional, creada con una lógica civil, mantenga vínculos estrechos con el Ejército y comparta normativas con fuerzas castrenses, levanta alertas entre organismos de derechos humanos. Aunque se subraya la supervisión judicial como garantía, persisten preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en contextos de alta conflictividad social.
RETOS VENIDEROS
La reconfiguración de la seguridad pública podría representar un avance si se logra el equilibrio entre eficacia operativa, respeto a los derechos fundamentales y control democrático. El reto será su implementación práctica, especialmente en un escenario político donde las tensiones entre gobierno y oposición podrían polarizar la discusión legislativa.
El paquete de reformas presentado por el Ejecutivo federal marca un momento clave en la evolución del modelo de seguridad en México. Aunque las propuestas están diseñadas para responder a las exigencias del contexto actual, será esencial vigilar cómo se aplican y quién las controla. La promesa de eficiencia no debe sacrificar la garantía de libertades.
