Un intento de agresión sexual contra una mujer con discapacidad intelectual, ocurrido en un domicilio de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, derivó en la vinculación a proceso de un hombre identificado como R.I.V.C., alias “El Ruru”. Quien permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. El caso ha generado indignación por la condición de vulnerabilidad de la víctima y el vínculo cercano que existía con el presunto agresor.
LOS HECHOS
De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 22 de diciembre de 2025 al interior de una vivienda ubicada en Santo Tomás Mazaltepec, Etla. La víctima, una mujer cuya identidad se mantiene reservada por ley y que presenta síndrome de Down, fue presuntamente sometida y víctima de un intento de agresión sexual.
El imputado mantenía una relación de concubinato con la madre de la víctima. Esto agrava el caso por el contexto de confianza y cercanía familiar en el que se habrían cometido los hechos.
DETENCIÓN EN FLAGRANCIA
Las indagatorias señalan que el hombre fue sorprendido por testigos cuando intentaba cometer la agresión. Lo que permitió su detención inmediata. Posteriormente, fue entregado a la autoridad municipal y puesto a disposición de la instancia judicial correspondiente.
PROCESO JUDICIAL Y MEDIDAS CAUTELARES
Tras su presentación ante el juez, se calificó como legal la detención y se formuló imputación por el delito de Tentativa de Violación Equiparada Agravada. Luego de analizar los datos de prueba presentados, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar.
Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se fortalecerán las pruebas para determinar la responsabilidad penal del imputado.
PENDIENTES
El caso pone en evidencia la extrema vulnerabilidad de las personas con discapacidad frente a la violencia sexual, especialmente cuando esta ocurre en el entorno familiar. También subraya la importancia de la denuncia oportuna y la intervención de testigos para frenar este tipo de delitos.
Más allá del proceso judicial, el hecho reabre el debate sobre la protección efectiva de mujeres con discapacidad y la necesidad de reforzar mecanismos de prevención y acompañamiento integral a las víctimas.
