A través de las redes sociales, se ha hecho pública una denuncia en la que se señalan presuntas irregularidades por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) con sede en la Vicefiscalía Regional del Istmo, tras un operativo de cateo realizado en Matías Romero, Oaxaca. La denuncia fue evidenciada mediante un video en vivo, en el que se documentan las arbitrariedades cometidas por los agentes de la autoridad, quienes presuntamente incurrieron en una serie de violaciones a los derechos humanos de los habitantes de inmueble intervenido.
LOS HECHOS
En el video, un residente de la zona, quien se encontraba en su hogar durante el operativo, relata los hechos y expresa su temor ante lo ocurrido.
“Gracias a todos por su apoyo iremos a interponer la denuncia porque realmente los que vivimos en Matías Romero saben lo peligroso que es en estos momentos”, inició la persona, quien relató que inicialmente pensaron que los agentes eran delincuentes debido a su vestimenta y las armas largas que portaban, y agregó que al principio no resistieron por miedo. “Entraron como venían con sus armas largas, al estilo capos, no pusimos resistencia, solo gritamos ‘no nos disparen, no a las bebes’”.
El residente denuncia que, al salir y ver las patrullas, se percató de que eran oficiales, pero los agentes no le mostraron en ningún momento la orden de cateo.
“En ningún momento me enseñaron la orden, solo la medio leyeron como se ve ahí, y al exponerle mi duda de que no decía el número de la casa, hicieron eso, se dieron la vuelta y ya no sabían qué hacer. Fue ahí cuando comenzó el envivo”, relató, además los datos del domicilio no correspondían, ya que el documento que llevaban ni siquiera señalaba en número del inmueble.
ARBITRARIEDADES EN EL CATEO
A lo largo del video, la persona afectada también detalló las condiciones en las que se llevó a cabo el cateo.
“Nos sacaron, no me dejaron estar presente hasta después. Jamás hicieron parte por parte, todo lo hicieron al mismo tiempo. Jamás se identificaron. Todos traían pasamontañas”, enfatizó, añadiendo que los agentes no le informaron el motivo de su visita y que nunca se les entregó una explicación formal ni ningún tipo de recibo o documento que justificara el cateo.
Habría que añadir que en una de las conferencias del gabinete de seguridad el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Iván García Álvarez, señaló que los elementos policiacos por ningún motivo podrían mantener oculto su rostro durante algún cateo y forzosamente tiene que identificarse.
“No me dijeron nada ni entregaron nada, ni siquiera sé qué buscaban”, expresó.
La denuncia también hace mención de que las autoridades destruyeron pertenencias durante el operativo. “Patearon, destruyeron todo”, relató, mientras que se mencionó la presencia de clientes fuera del domicilio que también fueron violentados, uno de ellos con discapacidad.
“Afuera había clientes, uno con discapacidad que había mandado su mamá a comprar, también lo violentaron, lo enojaron, casi entra en crisis”, indicó la persona.
AFECRTACIONES EMOCIONALES Y PSICOLÓGICAS
La denuncia también refleja el miedo y el impacto emocional que dejó el operativo. “La noche la pasamos en otro lugar por el miedo de que hayan sembrado algo”, explicó el denunciante, quien manifestó su temor por la seguridad de su familia tras lo ocurrido.
“De verdad fue una pesadilla y un shock impresionante”, señaló.
Frente a estos hechos, el denunciante expresó su intención de interponer una denuncia formal, aunque también destacó su temor por las represalias que pudieran sufrir.
“Voy a hacer lo pertinente, iré a interponer la denuncia, pero ahora temo por mi seguridad y los míos”, manifestó.
VIOLACIONES A LA LEY Y DERECHOS FUNDAMENTALES
En relación con los hechos denunciados, la Constitución Mexicana, en su Artículo 16, establece que:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Este precepto prohíbe la invasión de la privacidad sin la debida autorización legal y asegura que toda intervención en el domicilio de una persona debe estar sustentada por una orden judicial.
CÓDIGO PENAL
Además, el Código Penal de Oaxaca, en el Artículo 267 sobre allanamiento de morada, señala:
“Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de trescientos a tres mil pesos, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la Ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada, sea fija o móvil”.
Este artículo establece penas para el allanamiento de morada, el cual debe estar debidamente autorizado por una orden de autoridad competente, y si el delito se comete de noche, la pena se triplica.
LA LEY NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Por otro lado, el Artículo 42 de la Ley Nacional de Seguridad Pública establece que:
“El documento de identificación de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad”. Este precepto subraya la obligación de los servidores públicos, incluidos los policías, de identificarse adecuadamente ante la ciudadanía para que los ciudadanos puedan verificar que cuentan con el registro correspondiente.
El denunciante concluyó con una reflexión sobre la situación:
“Ahora debemos cuidarnos de los que están capacitados para cuidarnos. Ya basta el abuso de autoridad”, hizo hincapié, recordando que la misma autoridad que está encargada de la seguridad de la ciudadanía es la que debe rendir cuentas por sus acciones y no someter a la población a abusos de poder.
mente, este incidente pone en evidencia un tema recurrente en diversas regiones del país: los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos durante operativos de seguridad. La denuncia realizada a través de las redes sociales ha generado inquietud en la comunidad y ha llamado la atención de las autoridades, quienes tendrán que esclarecer los hechos y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Finalmente, este caso se suma a las múltiples voces que exigen justicia ante lo que consideran prácticas irregulares y fuera de la ley por parte de algunos elementos de las fuerzas de seguridad.
