Un caso de violencia sexual prolongada contra una persona en situación de discapacidad estremeció a la región de los Valles Centrales de Oaxaca, luego de que un hombre identificado como Lázaro R.H. o Lázaro A.R.H. fuera sentenciado a 53 años y tres meses de prisión por violación equiparada agravada.
De acuerdo con el expediente judicial, los hechos ocurrieron de manera reiterada entre 2010 y 2020. En un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata del Barrio Arriba, en el municipio de Nazareno Etla, donde la víctima —cuya identidad está protegida por ley— fue sometida a agresiones sexuales durante años por parte del ahora sentenciado.
LA VÍCTIMA: UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Uno de los aspectos más graves de este caso es que la víctima fue diagnosticada con una discapacidad intelectual. Lo que hizo que se le aplicara la figura de violación equiparada agravada, un delito que contempla penas más severas cuando la víctima está en situación de vulnerabilidad física o cognitiva.
Este agravante fue clave para que la sentencia impuesta alcanzara más de cinco décadas de prisión.
INVESTIGACIÓN Y PROCESO JUDICIAL
La denuncia dio origen a una carpeta de investigación, que derivó en una orden de aprehensión contra Lázaro R.H., ejecutada por autoridades competentes.
El juicio incluyó trabajo pericial, pruebas médicas, psicológicas y testimoniales con enfoque de perspectiva de género e infancia. Lo que permitió fortalecer el caso.
En la audiencia, el juez validó todos los datos de prueba, concluyendo que existía responsabilidad penal del acusado. Por lo que dictó sentencia condenatoria de 53 años y tres meses de prisión. Además de imponer una multa económica y la obligación de pagar la reparación del daño.
UN CASO QUE REFLEJA OMISIONES Y RETRASOS
Aunque la condena fue severa, el caso también plantea preguntas incómodas:
¿cómo fue posible que las agresiones se extendieran por una década sin ser detectadas o denunciadas oportunamente?
Este tipo de procesos reflejan fallas estructurales en los sistemas de protección. Donde personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad pueden ser violentadas sin que las autoridades actúen a tiempo.
Además, la brecha entre los primeros hechos denunciados (2010) y la sentencia (2025) revela un sistema judicial que, aunque ha mejorado en perspectiva de género, sigue teniendo tiempos inaceptables para la reparación de daños.
UNA VICTORIA TARDÍA, PERO NECESARIA
El caso concluye con una sentencia contundente, pero también deja una estela de dolor, omisión institucional y silencio social.
Finalmente, la justicia, aunque llegó, lo hizo tarde, después de una década de agresiones que pudieron prevenirse si hubiera existido vigilancia comunitaria, intervención educativa oportuna o atención institucional constante.
