Más de una década después del ataque sexual cometido contra una adolescente de 16 años en el municipio de San Felipe Tejalápam, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, el agresor identificado como Nery H.R.A. fue sentenciado a 15 años y seis meses de prisión por el delito de violación.
El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2011, en un domicilio ubicado en el paraje Tierra Colorada, donde el imputado sometió y atacó sexualmente a la menor, causándole no solo lesiones físicas, sino también daños psicológicos que persisten hasta hoy.
EL LARGO CAMINO HACIA LA SENTENCIA
Pese a la gravedad de los hechos, el proceso judicial tomó más de una década para culminar en una condena. Tras la denuncia, se inició una investigación con perspectiva de género, que permitió identificar, localizar y detener al responsable, quien enfrentó juicio años después de haber cometido el crimen.
Finalmente, el Tribunal de Enjuiciamiento consideró como suficientes las pruebas presentadas para dictar una sentencia de más de 15 años de cárcel y una multa económica de acuerdo con lo establecido por la ley. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva, en cumplimiento de la normativa vigente para proteger a menores de edad.
UN CASO QUE EXPONE RETRASOS Y OMISIONES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA
Aunque la sentencia representa una forma de reparación para la víctima, el extenso periodo de tiempo entre el delito y el fallo condenatorio revela las demoras estructurales en el sistema de justicia penal. Especialmente en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes.
Este tipo de procesos suelen verse obstaculizados por falta de recursos, protocolos deficientes y revictimización, lo cual agrava el sufrimiento de quienes han sido agredidas. Casos como este subrayan la necesidad urgente de acelerar los mecanismos de atención y justicia con enfoque especializado.
UN SISTEMA QUE AÚN LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
El hecho de que el caso haya llegado a una sentencia condenatoria no es menor. En México, solo una mínima fracción de los delitos sexuales son denunciados, y de esos, aún menos llegan a juicio o concluyen con penas firmes.
El acceso a la justicia para víctimas de agresiones sexuales sigue siendo un reto complejo. En especial en comunidades rurales o de difícil acceso como algunas zonas de los Valles Centrales de Oaxaca. Donde el estigma, el miedo y la desconfianza institucional disuaden muchas veces a las víctimas de acudir a denunciar.
¿BASTA UNA SENTENCIA PARA GARANTIZAR LA NO REPETICIÓN?
Este caso debe servir como una advertencia y un llamado a revisar los procesos judiciales y de atención a víctimas de violencia sexual. Aun cuando se logró una sentencia, la impunidad estructural, la revictimización y los largos tiempos de espera siguen siendo elementos que afectan gravemente el derecho de niñas y adolescentes a vivir libres de violencia.
Finalmente, garantizar justicia no debe ser solo un acto procesal tardío, sino un compromiso real con la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual. Especialmente cuando las víctimas son menores de edad.
