La propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal ha ganado notoriedad en el debate público mexicano. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno federal y respaldada por algunos sectores sociales, busca transformar profundamente el sistema de justicia del país, bajo el argumento de que se requiere mayor legitimidad democrática, transparencia y rendición de cuentas en la administración de justicia.
Actualmente, los integrantes del Poder Judicial son nombrados a través de un sistema interno basado en méritos, exámenes de oposición y designaciones por parte del Ejecutivo o del Senado. Aunque este modelo ha permitido el desarrollo de una carrera judicial profesionalizada, también ha sido criticado por su opacidad, falta de representatividad y presunta cercanía con intereses políticos o económicos.
Los defensores de la elección popular argumentan que permitir al pueblo decidir quiénes imparten justicia devolvería el poder a la ciudadanía y rompería con estructuras elitistas que protegen a los poderosos. Aseguran que un sistema electivo obligaría a los jueces a actuar con mayor compromiso social, al estar sujetos al juicio directo de la sociedad.
Por otro lado, juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación por los riesgos de politización de la justicia. Temen que las campañas electorales judiciales se vean influenciadas por partidos, grupos de presión o incluso el crimen organizado. Además, advierten que el principio de independencia judicial podría verse comprometido si los jueces dependen del favor electoral para mantener sus cargos.
El debate está abierto y plantea preguntas profundas sobre el equilibrio entre democracia e institucionalidad. ¿Es posible hacer más transparente y accesible al Poder Judicial sin sacrificar su autonomía? La sociedad mexicana está ante una disyuntiva crucial: reformar lo que no funciona sin debilitar lo que aún sostiene el Estado de Derecho.
