El pasado viernes se celebró el Día Internacional de la Mujer. La efeméride sirvió de pretexto para marchas y manifestaciones inéditas en Oaxaca. Se llevó a cabo una marcha masiva convocada por diversas organizaciones que luchan o pretenden hacerlo, para hacer realidad la equidad de género y denunciar la violencia. El Andador de la calle Macedonio Alcalá fue el escenario para que decenas de mujeres, activistas o familiares de víctimas de feminicidio se tiraran en la calle, emulando cadáveres inertes.
En este sentido, vale la pena subrayar que si bien a paso lento, la Fiscalía General del Estado ha logrado llevar ante el juez y en algunos casos obtener sentencia condenatoria de varios feminicidios. Y aunque son los menos, ello implica que se sigue trabajando en ese sentido, pues la estadística de hechos de sangre siguen al alza y sin control alguno. Es importante subrayar que uno de los factores que mucho hemos denunciado en este espacio editorial es la falta de prevención para evitar la comisión de ilícitos. Ello implica que alguna de las áreas responsables no está haciendo su trabajo.
La protesta, las manifestaciones y movilizaciones para denunciar tibieza o apatía de las autoridades para dar con los responsables de asesinatos de mujeres, de casos de desapariciones forzadas de menores de edad o violencia de género en familia, se han hecho algo común en Oaxaca.
No hay que olvidar que la estadística que quedó del anterior gobierno es asimismo considerable, habida cuenta de que el mismo jamás le otorgó al problema la importancia debida. En la administración de Gabino Cué llegamos a contabilizar al menos trescientos casos de feminicidio.
Más del 95% jamás se resolvieron y quedaron como remanente para el actual régimen. No obstante lo anterior, tal parece que siguen faltando recursos para hacerle frente al problema. La Fiscalía General del Estado, ya lo hemos dicho, carece de un presupuesto racional para hacer su trabajo.
Es una dependencia que boga contra corriente con un nivel creciente de homicidios dolosos, pero una probada incapacidad para investigarlos y detener a los responsables por cuestiones presupuestarias. Y en tanto la LXIV Legislatura del Estado no tome consciencia de ello, los feminicidios y la violencia generalizada seguirá creciendo. Hace falta pues, voluntad política para enmendar este entuerto.
Los vivales de siempre
El jueves de la semana pasada, un grupo de comuneros de Magdalena Tequisistlán, azuzados por Romeo Gervasio Raymundo, dirigente de la Coordinara Estatal de Organizaciones Sociales (CEOS), uno de los más de cuatrocientos membretes que tenemos en la entidad, perviviendo del erario público, cerraron la carretera al Istmo, justamente frente a la citada comunidad.
El dirigente aludido ha ejercido presión para que le otorguen recursos y ejecutar obras. Trascendió que para la reconstrucción luego de los sismos de septiembre de 2017, el gobierno estatal le otorgó 317 obras, en al menos veinte comunidades. Para este efecto, Gervasio Raymundo impuso a las constructoras que harían el trabajo tanto de techos como pisos firmes.
Sin embargo, no obstante que a las dos empresas que ha trascendido tienen a su cargo las obras, les fueron entregados los adelantos del 30% en diciembre del año pasado, a la fecha se registra un avance del 25% en techos y sólo un 2% en pisos. ¿De qué pues es la exigencia del dirigente citado, uno más de los vivales que por quítame estas pajas bloquea carreteras y agravia los derechos civiles de miles de automovilistas que ahí estuvieron varados por horas? Se trata, sin duda alguna, de uno más de los vividores de la presión y el chantaje, que tanto abominamos los oaxaqueños.
El gobierno de Alejandro Murat debe instruir a sus colaboradores a desenmascarar a esos delincuentes disfrazados de luchadores sociales. No es posible que el pueblo inerme esté a capricho de dichos sujetos. Es más, habría que preguntarse: ¿con cargo a qué o bajo qué estatuto se le autorizaron a sus constructoras esas 317 obras? Porque en mucho de ello tiene la responsabilidad el gobierno al mostrar debilidad o connivencia con dichas organizaciones.
Lo hemos dicho hasta el cansancio: en Oaxaca la industria más rentable es el chantaje. Sólo basta juntar a diez o veinte personas, crear un membrete y bloquear una carretera para que de inmediato se abran las chequeras de recursos que son del erario público no del gobierno en turno.
La medida que ha instrumentado el gobierno de la Cuarta Transformación, de que los citados recursos no deben entregarse a particulares sino directamente a los beneficiados, debe también aplicarse en Oaxaca. Para la sociedad oaxaqueña, el gobierno de Murat Hinojosa no debe ceder más ante la presión de estos hambreadores y vivales.
