Durante la última semana de diciembre y la primera de 2021, la ciudadanía de la capital oaxaqueña padeció un razonamiento irracional e inexplicable de agua potable. Es decir, sin causa aparente o al menos sin dar cuenta de alguna anomalía como compete a las normas de la transparencia y la rendición de cuentas, el organismo responsable, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), simplemente suspendió el suministro, contraviniendo las medidas de prevención del Sector Salud, sobre al aseo de manos y otros. Dicha suspensión, cuando la ciudad y los Valles Centrales a donde surte no se encuentran en época de sequía, hizo que se disparara la distribución particular del vital líquido, a cuenta de los usuarios, por parte de camiones cisterna. Se trata, sin duda alguna, de un negocio particular que va a la par de la carencia del agua potable.
Pese a las quejas en redes sociales, la dependencia responsable simplemente hizo caso omiso de las mismas. En la mayor parte de colonias de la capital el movimiento de pipas fue inusual en fin de año. Fue un evento nunca visto, lo que hace suponer que el suministro del vital líquido sigue siendo uno de los retos de la agenda gubernamental, pues sin hacer comparaciones ociosas, al menos en la pasada administración gubernamental, fue un rubro que se atendió con prioridad. Lo que sorprende es que en informes de gobierno se habla de inversiones millonarias para obras que conllevan el objetivo de llevar agua a la población, pero en la capital, aunque haya protestas al respecto, se puede dejar de suministrar el líquido dos o tres semanas sin que pase nada.
La carencia en época decembrina es una llamada de atención respecto a lo que nos espera en la temporada de estiaje. Si ello ocurre en una temporada en la que se presume no hay carencia de agua, ya podremos imaginarnos cuando se ponga de pretexto que estamos en temporada de secas y los mantos freáticos o pozos que surten a la capital y el área conurbada, exigen el racionamiento. El abastecimiento de agua potable, salvo en la pasada administración como ya hemos dicho, ha sido la piedra en el zapato de este y otros sexenios. Sin embargo, tal parece que las inversiones hechas al respecto han sido dinero tirado a la basura pues no se ve, por ninguna parte, el resultado de las mismas.
Riesgo latente
Desde los últimos días de diciembre pasado, el gobernador Alejandro Murat lanzó la advertencia de que al menos la capital oaxaqueña y otros municipios de la entidad podrían volver al semáforo epidemiológico rojo, en virtud del crecimiento en los contagios y decesos. Pese a ello, seguimos en semáforo naranja. Y es que el panorama de la pandemia de Covid-19 es preocupante. El incremento en la movilidad urbana por las fiestas de fin de año ha dejado una estela de la enfermedad que puede hacer colapsar el sistema hospitalario. No hay que olvidar que desde hace un par de semanas los directivos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), informaron a la ciudadanía que estaban al 100% de ocupación, por lo que se verían imposibilitados de recibir más pacientes. Otros hospitales se encuentran también al tope.
Sólo imaginar que en Oaxaca pudiera ocurrir lo que en la capital de la República debe llevar a las autoridades a exigir el cumplimiento estricto de los protocolos de prevención. Ya hemos comentado que grupos oportunistas, que dicen defender los derechos humanos por llevarle la contra al gobierno, han contribuido a poner en riesgo la vida de la población, solicitando amparos para echar abajo portar cubre-bocas. Sin embargo, hay ejemplos en comunidades en donde la autonomía de las mismas es superior a cualquier actitud amañada de dichos organismos. Por ejemplo, el Zimatlán de Álvarez, a partir del 2 de enero se aplican medidas dispuestas por el ayuntamiento que todo ciudadano tiene que cumplir, a menos de hacerse acreedor a sanciones económicas o corporales. Otro es el municipio de Tamazulapan del Progreso, cuya autoridad ordenó cerrar los balnearios luego de que el edil y otros dos concejales dieran positivo a Covid-19.
Hay comunidades en el interior del estado que han cerrado sus accesos a cualquier persona que provenga de fuera. Lo hicieron al principio de la pandemia y lo han vuelto aplicar con el crecimiento en contagios y decesos. Por ejemplo, el ayuntamiento de Santa María Huatulco dispuso el cierre de playas públicas que son muy concurridas el último día y el primero del año, ante el riesgo de aglomeraciones que pueden resultar un foco de contagios. En fin, por el endurecimiento en las medidas no paramos. Ahí, en dichas comunidades, el ardid de los organismos de defensa de los derechos humanos no va. Las autoridades han preferido salvar más vidas., que la faramalla de proteger las garantías individuales.
