La agresión a un reportero en cumplimiento de su tarea informativa por parte de policías, exhibe la necesidad de exigir garantías para el libre ejercicio de su actividad. Las agresiones contra periodistas no solo afectan a quienes ejercen esta profesión, sino que representan un ataque directo contra la democracia y el derecho de los ciudadanos a acceder a información veraz.
Diversas organizaciones han advertido que cientos de periodistas son agredidos o amenazados cada año, y en muchos casos, estos delitos quedan en la impunidad. Esta realidad genera miedo, autocensura y limita la capacidad del periodismo para cumplir su función social.
El periodismo es un pilar fundamental de toda sociedad democrática. A través de su labor, los periodistas investigan, denuncian, informan y amplifican las voces de quienes no siempre son escuchados, sin embargo, en muchos casos, su trabajo se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Las agresiones, amenazas, censura e incluso asesinatos de periodistas han ido en aumento, socavando la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Las agresiones provienen de distintos sectores. En muchos casos, son perpetradas por actores estatales que buscan silenciar críticas o investigaciones incómodas. Otras veces, provienen del crimen organizado o de grupos de poder que ven amenazados sus intereses. La hostilidad hacia los periodistas también es alimentada por discursos estigmatizantes desde el poder, que los señalan como “enemigos” o “adversarios”, aumentando su vulnerabilidad.
El impacto de esta violencia no solo recae en quienes son víctimas directas, sino en toda la sociedad. Cuando los periodistas son silenciados, la corrupción y los abusos de poder quedan sin denuncia. La ciudadanía pierde acceso a información esencial para la toma de decisiones, debilitando así el sistema democrático.
