La pedagogía que nunca llegó
La arrasadora victoria en las urnas de hace un par de semanas no sólo dio como resultado la elección de la primera presidenta del país, sino una mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Esto significa que la coalición gobernante tiene la posibilidad de dar rienda suelta a cualquier proyecto legislativo durante los próximos 3 años, incluidas las reformas a la constitución federal. Y con ello, viene el para muchos temido Plan C.
El Plan C implica reformas constitucionales y legales que permitan la elección popular de jueces y magistrados a nivel federal. Es decir, que los máximos cargos de impartición de justicia de México sean electos a través del voto de la población (el Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM lanzó una publicación con el análisis de esta y otras propuestas constitucionales, y se puede consultar acá: (https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/7483-analisis-tecnico-de-las 20-iniciativas-de-reformas-constitucionales-y-legales-presentadas-por-el presidente-de-la-republica-febrero-5-2024).
Dentro de una gran parte del gremio jurídico, esta propuesta genera mucha y justificada preocupación. Los incentivos que implica el voto popular no van de la mano de la independencia que sin excepción necesita procurarse en el poder judicial.
No que sean completamente independientes todas y todos los jueces hoy en día, pero las campañas de elección popular vienen aparejadas de padrinazgos, lealtades y compromisos para contar con el respaldo de votos ciudadanos que desde el inicio pondrían en entredicho la independencia de las y los jueces, magistrados y ministros.
Asimismo, la reforma que se propone no genera de ninguna manera mejoras en los procesos de impartición de justicia, especialmente para la mayoría de la población, que recurre a los poderes judiciales estatales y pocas veces a los federales, por ser básicamente inaccesible por los costos que implica poder iniciar procedimiento.
Hoy, una buena parte del poder judicial federal se siente bajo ataque y urge comunicar los riesgos que implica esta reforma y la importancia de su independencia.
No obstante, estos esfuerzos llegan bastante tarde. El poder judicial, así como buena parte del gremio jurídico, se ha mantenido alejado de la población de a pie. Desde el uso de un lenguaje excluyente, hasta establecer mecanismos que dificultan el acceso a la población a la impartición de justicia, el sistema judicial ha construido por décadas una fortaleza infranqueable.
Hoy, cuando se trata por todos los medios de dar a conocer esta importancia, llega muy tarde la pedagogía. Quizá por arrogancia del gremio o por necesidad de mantener el poder que ejercen, esta barrera de comunicación y relevancia social hoy se vuelve en su contra y es precisamente el eje que permitirá que la propuesta avance.
@GalateaSwanson
