Por Ricardo Alexander Márquez
El 21 de septiembre de 2020, el presidente López Obrador declaró que se iba a implementar el Plan de Prevención de Toma de Casetas. Buscaría combatir esa práctica que ha sido exponencial desde que la –mal llamada– Cuarta Transformación asumió las riendas del país.
Como el covid-19 se ha vuelto una epidemia mal manejada. Desde hace tres años ya no es posible poder circular por el país, pues se tolera –y seguramente apoya– que grupos de delincuentes tomen casetas para exigir el cobro de peaje a los ciudadanos, mediante extorsiones y amenazas.
Como todo lo que pasa en esta administración, el operativo anunciado por el mandatario duró un par de semanas. La toma de casetas no sólo continúa con el conocimiento de las autoridades, sino que se ha acrecentado.
No es secreto, como lo declaró el mandatario, en muchos casos quien está detrás de estos grupos de encapuchados es el crimen organizado. Ese pueblo bueno y sabio, que mediante armas hace y deshace a su voluntad.
Y todo esto ocurre mientras instituciones como la Guardia Nacional los miran como espectadores. Incluso, hace unos días, circuló un video donde policías municipales en Sonora, al servicio de estos grupos, exigen a dos ciudadanos, teniendo armas en mano, el pago a los extorsionadores. La autoridad del lado de los malos, y su gobernador, Alfonso Durazo, quien dirigió la fallida estrategia de seguridad a nivel nacional, no dice ni pío. Flagrante comisión de delitos y renuncia al estado de derecho. A plena luz del día. Por ejemplo, una caseta de la Autopista del Sol, que se encuentra entre Chilpancingo y Cuernavaca, lleva semanas tomada.
No nos engañemos. La realidad es que se trata de un negocio en el que están vinculados funcionarios públicos de todos los niveles. Esta repugnante práctica debe ser condenada inmediatamente por las autoridades. No sólo porque es ilegal, sino porque ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas que hacemos uso de las carreteras. Eso sin tomar en cuenta que estos criminales nos obligan a renunciar al seguro que tenemos mediante el pago de una cuota. El cumplimiento de la ley es obligación de la autoridad y no está sujeta a discrecionalidad. Además, estos temas son como una bola de nieve, que si no se paran en seco, con el tiempo se vuelven una avalancha.
¿Dónde está Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y su presupuesto anual de 93 mil millones de pesos? ¿Dónde están los 100 mil policías de la Guardia Nacional a cargo del general Luis Rodríguez Bucio? ¿El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y los concesionarios de las carreteras que guardan un cómplice silencio? Cientos de ciudadanos les exigimos que nos expliquen por qué nosotros tenemos que hacer su trabajo, al negarnos a pagar la sistemática extorsión y enfrentarnos a criminales cada vez que viajamos a través de nuestro país. Que nos digan por qué tenemos que exponer a nuestras familias mientras pagamos por sus privilegios y sus guaruras.
Las extorsiones en las tomas de las casetas de las autopistas es una muestra más de la ingobernabilidad que tiene sumido al país del gobierno del presidente López Obrador y su equipo. Ni algo tan básico nos garantiza la incompetente, corrupta y débil autoridad. Si no pueden, renuncien.
*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y Profesor en la Universidad Panamericana.
Twitter: @ralexandermp
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“No nos engañemos. La realidad es que se trata de un negocio en el que están vinculados funcionarios públicos de todos los niveles. Esta repugnante práctica debe ser condenada inmediatamente por las autoridades”
