Con tristeza
De origen español, don José Gómez Velásquez
fue un gran oaxaqueño, altruista como nadie,
filántropo incondicional. Hoy que inicia viaje
al etéreo deja en todos los estratos de la
sociedad, gratos recuerdos.
Con los periodistas sembró amistad.
Abrazo a sus deudos.
Los amnistiados
Seguros de que su movimiento fue determinante para el triunfo arrollador de su partido Morena en Oaxaca, el cartel 22 está presionando para el pago de facturas al gobierno federal. Su principal activo es la exigencia de libertad para todos sus activistas que considera “presos políticos”. Los quieren fuera de la cárcel sin formalismos jurídicos. Apuestan a la facultad del presidente de la República para amnistiar al que quiera. Su primera conquista fue la libertad de los secuestradores de los dos niños de la familia Candiani. Van por el resto.
A eso se debe que estén convocando a una nueva asamblea plenaria donde determinarán acciones a seguir. Ahora quieren ver amnistiados a supuestos expatriados como Juan Sosa Maldonado y Raúl Gatica, entre otros procesados por su participación con el EPR, en la calle y retomando su activismo político sin ningún límite.
Esto explica que el gobierno de AMLO esté abriendo las cárceles para aplicar una amnistía selectiva a todos los activistas que participaron en sus campañas. Un arma de dos filos, no solo para la sociedad que hoy está aterrada ante una delincuencia galopante, sino para el propio gobierno.
Aunque ya soltaron a los primeros, los liberados del cartel 22 no pueden ser considerados “presos políticos” porque hay hasta homicidas convictos.
Entre los “maistros” que Andrés Manuel López Obrador prevé liberar, hay homicidas. Así lo revela una denuncia al interior del mismo partido Morena y mencionan hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón. Hasta una diputada por Morena, se queja que mataron a su hermano.
En el expediente involucran en los hechos delictivos a Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio Bonfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Jaime Betanzos Fuentes, Isaías Gallardo Álvarez y Alfredo Bolaños Pacheco.
Mencionan en el legajo de investigación que todos estos están acusados de participar en la agresión contra un grupo de pobladores en el municipio de Eloxochitlán tras una asamblea comunitaria que presidía el entonces edil Alfredo Bolaños Pacheco. El zipizape dejó varios domicilios quemados igual que una docena de automóviles. También cinco personas lesionadas y dos muertos; una de las víctimas era Manuel Zepeda Lagunas, hermano de la diputada local por Morena, Elisa Zepeda Lagunas, y Gustavo Feliciano, quien se desempeñaba como policía municipal.
Durante la trifulca fueron detenidas siete personas, entre ellos Jaime Betanzos Fuentes, profesor afiliado a la Sección 22 del SNTE y ex integrante de la dirigencia del gremio. Por este simple hecho lo quieren amnistiar. En febrero del 2017 fue aprehendido en el estado de Puebla, Isaías Gallardo por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Gustavo Feliciano. En tanto, Miguel Ángel Peralta fue sentenciado a 50 años de prisión.
La sorpresa, dicen en el mismo Morena, es que en la lista de “presos políticos” por amnistiar, están los que atacaron al pueblo de Eloxochitlán.
La misma legisladora Elisa Zepeda dice: “esos no son presos políticos; están recluidos por delitos muy graves, dos homicidios, uno en contra de mi hermano Manuel y otro en contra de Gustavo; tentativa de homicidio contra de mi madre y hacia mí; por incendios, por quema de casas, saqueo; son delitos graves y me alarma, porque habla de un desconocimiento y falta de responsabilidad de la senadora Nestora Salgado” (El Universal).
Otros activistas del cartel 22 que pretenden limpiar su imagen con la oportunidad de la amnistía para “presos políticos”, son Juan Sosa Maldonado y Raúl Gatica. Ambos participaron en el conflicto político que sacudió a Oaxaca en el 2006 y se expatriaron para evadir responsabilidades legales.
El salto del chapulín
Antes de su toma de posesión como presidente municipal, corrió el rumor de que Oswaldo García, por sus ligas con el saqueador Gabino Cué, estaba obligado a dar una posición relevante a Mané Sánchez, ex cónyuge del ex gobernador. No fue así, pero designó a un buen número de ex funcionarios de la señora cuando estuvo al frente del DIF y cometió una serie de tropelías que, oportunamente, documentaron los medios.
Un botón de muestra: Gerardo Medina Cano es el director administrativo del flamante gobierno municipal de la “honestidad valiente”. Echaron al olvido sus antecedentes por haber maquillado los saqueos en el programa de cocinas comunitarias del DIF, desde su posición como administrador.
Solo hay que releer los medios para recordar los multimillonarios desvíos del programa alimentario donde mencionaban miles de cocinas inexistentes para justificar los desvíos. En esto también está inmiscuida Jaqueline Escamilla última directora que tuvo el DIF y ahora, con el mismo puesto, en el Instituto Municipal de la Mujer. Esta dama se encargó también de avalar la gran corrupción. A todos se les mencionó responsabilidad en los criminales yerros del 2015 al enviar despensas caducas a los damnificados de los huracanas que azotaron en aquellas fechas. No hay duda: la política es lo que son los políticos.
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