Por Ruth Zavaleta Salgado
El confinamiento por la pandemia de covid-19 produjo un cambio profundo en la forma de comunicarnos. Prohibido el contacto físico, la necesidad de mantener cercanía con propios y extraños se mantuvo a partir de las herramientas tecnológicas. Se incrementó el uso del internet, no sólo para estudiar o trabajar a distancia, sino también para cubrir diversas necesidades, como el abasto de alimentos, por ejemplo. Pero también, para cubrir el vacío de la relación social directa, se incrementó el uso de las redes sociales y con ello, crecieron otros riesgos como la violencia digital.
Definida como una extensión de la violencia de los diversos sistemas político-sociales, la violencia digital impacta de diferentes formas la vida de las personas, pero en especial la de los jóvenes y adolescentes. De hecho, el 5 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del Módulo sobre Ciberacoso 2020. En el 2020, 9 millones de mujeres y 7.1 millones de hombres de 12 años o más, fueron víctimas de ciberacoso. Los estados con mayor impacto son Colima (27.4 %), Tabasco (26.9 %) y Tlaxcala (26.4 %).
De los indicadores del INEGI podemos deducir que las mujeres con edades entre los 12 y 19 años y con nivel básico de estudios son las más expuestas al ciberacoso. Lamentablemente, los avances legislativos han sido lentos y existe un margen mayor de impunidad para atender las denuncias de las víctimas de este delito. Han sido las organizaciones feministas las que lograron que el 28 de abril de este año, se reformara y adicionara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV) y al Código Penal Federal (CPF), con el fin de tipificar el delito de violencia digital y mediática. Las reformas partieron de la iniciativa denominada Ley Olimpia, que tuvo origen en el trabajo del Frente Nacional para la Sororidad (integrado por 30 organizaciones de todo el país) y que inició la lucha en Puebla en 2013, para sancionar la difusión —sin consentimiento— de un video íntimo de la joven Olimpia Coral Melo.
Las reformas fueron publicadas apenas el 1º de junio y pasaron casi desapercibidas ante el proceso electoral que culminó el 6 de ese mismo mes. Ahora falta la armonización en los estados de la República. En esas estábamos cuando, otro caso emblemático desde otra perspectiva, impactó y dividió la opinión pública. Me refiero a la detención el día 29 de junio de la influencer Yoseline Hoffman (YosStop), quien fue vinculada a proceso por lo que se encuentra en prisión, por la presunta responsabilidad del delito de posesión de pornografía infantil (descripción). La acusación del delito parte del hecho de que el 25 de mayo de 2018, una joven menor de edad (16 años), fue violada y grabada por sus agresores. YosStop describió, en su canal de YouTube, el video y criticó e insultó a la joven agredida. En marzo de 2021, la víctima denunció a YosStop ante las autoridades por “violación equiparada”. De acuerdo con la influencer, su estancia en prisión derivaba de la terminología y era injusta. No obstante, el Código Penal para el Distrito Federal es muy claro en sus artículos 187 y 188 sobre el delito por el que se le denunció.
A partir de estos hechos, los medios de comunicación y redes sociales han difundido, “analizado”, cuestionado y viralizado el caso de la influencer, que contaba con más de 7 millones de seguidores y ahora solamente con 2.3 millones. Pero, el tema sólo ha generado una revictimización de la joven abusada y agresiones contra la influencer, en tanto no hay mucha información sobre los jóvenes que cometieron el delito. ¿Por qué no se sabe cuál es la investigación?, aunque algunos medios de comunicación han señalado que dos de los cuatro implicados se encuentran en el reclusorio, son las mujeres, sobre todo la víctima, la que recibe los reflectores de los medios de comunicación, no sus violadores.
