• Luchadoras
• Hay Inquietud
En los últimos años, el país ha sido testigo de una tragedia que se repite con alarmante frecuencia: el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y voceros de las comunidades más vulnerables. Cada nombre que se suma a la lista no solo representa una vida truncada, sino también una esperanza colectiva que se apaga. La indignación ciudadana ha ido en aumento, pero también lo ha hecho el cansancio: el hartazgo ante la indiferencia del Estado y la impunidad que ampara a los responsables.
Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien había solicitado en reiteradas ocasiones el aumento de efectivos del Ejército en la zona, y contaba con un esquema de seguridad conformado por 14 elementos de la Guardia Nacional, la indignación va en aumento. Sin duda, los líderes sociales encarnan la voz de los territorios olvidados, de los campesinos, indígenas, afrodescendientes y jóvenes que reclaman justicia, tierra, paz y dignidad.
Sin embargo, ejercer liderazgo en el país se ha convertido en una sentencia de muerte. La respuesta institucional suele ser la misma: comunicados, promesas de investigación, mesas de diálogo que no llegan a nada. Mientras tanto, las comunidades siguen desprotegidas y el miedo se normaliza.
El hartazgo ciudadano no proviene solo del dolor, sino también de la frustración. Se siente que la vida en las regiones no vale lo mismo que en las capitales; que la defensa del medio ambiente, la paz y los derechos humanos es vista como una amenaza por quienes se benefician del conflicto o del abandono estatal. La sociedad, saturada de titulares sobre nuevos asesinatos, corre el riesgo de la indiferencia, de convertir la tragedia en rutina.
Ya no bastan las condolencias ni los discursos oficiales. Es urgente que la ciudadanía mantenga viva su indignación y exija con fuerza acciones concretas de protección, justicia y reparación. El hartazgo debe transformarse en conciencia y movilización. Porque cada líder asesinado representa no solo una pérdida humana, sino también un retroceso en la construcción de un país verdaderamente democrático.
… A VUELO DE PÁJARO
Cifras del monitoreo “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas”, de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), 34 defensoras han sido asesinadas en nuestro país en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Oaxaca se han registrado 10 y entre los más emblemáticos se encuentran los de Sandra Estéfana Domínguez Martínez, Cristino Castro Perea, Gerardo Cruz Palacios, Virginia y Adriana Ortiz García. La defensa de la tierra y el territorio y la reivindicación de un medio ambiente sano (31.6%), así como el ejercicio del derecho a la verdad y la justicia (28.9%), y derechos civiles y políticos (15.8%), representan el 76.3% de los atentados a la vida y por ende las luchas más vulnerables a la represión.
Abandono
Las pésimas condiciones de la autopista a la Costa han generado una ola de inconformidad entre automovilistas, transportistas y habitantes de las comunidades que dependen de esta vía para comunicarse con la capital oaxaqueña. Presenta baches profundos, derrumbes parciales, falta de señalización y escasa iluminación, lo que convierte el recorrido en un verdadero riesgo, situación que se complica sensiblemente pues algunos tramos permanecen en obras desde hace meses sin avances visibles, lo que provoca embotellamientos y retrasa los viajes hacia esa región. La autopista tiene una longitud de 104.3 kilómetros que comprende el tramo de la capital oaxaqueña hacia la región de la Costa conocido como Barranca Larga-Ventanilla.
Preocupación
Abogados calificaron como muy grave preocupación la reciente intención atribuida al Máximo Tribunal del país de revisar casos y sentencias firmes ya dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes. Ante posibles afectaciones al denominado principio de cosa juzgada, un pilar del sistema legal que garantiza que las sentencias definitivas no puedan ser modificadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila revisar casos y sentencias firmes emitidas por las dos Salas que desaparecieron con la reciente reforma al Poder Judicial. Advierte que cualquier intento de revisar o desconocer sentencias firmes, al margen de los cauces procesales previstos en la ley, vulneraría gravemente los principios de legalidad, división de poderes, seguridad jurídica y debido proceso.
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, abrió un proceso de consulta para determinar si deberían revisarse los fallos de las Salas desaparecidas, pese a que las sentencias son igualmente válidas que las emitidas por el Pleno.
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