Por Ricardo Ravelo
Con excepción de la estridente violencia criminal que azota al país, los casos emblemáticos de combate a la corrupción que ondea el gobierno de la Cuarta Transformación –Lozoya, Huachicol, Juan Collado, Rosario Robles, entre otros –pasaron a segundo término tras el escándalo que protagonizan Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y fiscal General de la República (FGR), respectivamente.
Nieto, quien festinaba golpes al crimen organizado asegurando cuentas multimillonarias –aunque con sus investigaciones nunca logró sentencias firmes –terminó siendo acusado de beneficiarse de su cargo, plataforma que le habría servido para adquirir casas y departamentos cuyos montos, exorbitantes por cierto, rebasan sus ingresos lícitos. El exfuncionario, sin embargo, se defiende y afirma que dichos bienes los adquirió con créditos bancarios. Seguramente tiene suficiente solvencia para pagar las hipotecas.
El extitular de la UIF ya había atraído los reflectores de la prensa por sus desatinos en el desmantelamiento del patrimonio del crimen organizado. Era muy dado a festinar antes de tiempos logros que no se sostenían ante el Poder Judicial, donde la mayoría de sus casos fueron echados abajo por falta de pruebas. El caso más relevante fue La Operación Agave, que resultó un fiasco, ya que las autoridades terminaron devolviendo los recursos asegurados a los presuntos lavadores de dinero.
Otros casos no pudieron judicializarse por parte de la FGR debido a la falta de elementos probatorios, según se dijo. A todo esto se suma las diferencias personales y políticas entre Gertz Manero y Santiago Nieto, que han interferido en el combate al crimen organizado, uno de los rubros medulares del gobierno de la Cuarta Transformación. Se afirma que Nieto quería ser el fiscal General de la República y que no cejó en su empeño por lograr su objetivo. Ese habría sido la causa del encono con Gertz Manero. Pero en medio de este supuesto pleito quedó atrapada la lucha criminal, la cual hasta ahora ha resultado un verdadero fiasco.
Se decía que el crimen organizado era protegido en alguna de las dos instancias. O bien Santiago Nieto a propósito entregaba investigaciones débiles o en la FGR se dejaban de consignar algunas carpetas para favorecer a los intereses fácticos. Lo cierto es que el pleito trastocó el trabajo de ambos funcionarios, pues sus nulos resultados dan cuenta de una clara ineficacia. Sin embargo, Santiago Nieto asegura que nunca hubo diferencias con Gertz.
Entonces, si nunca estuvieron peleados, ¿Qué pasó? ¿Es un pleito fingido para justificar públicamente su pobre actuación frente al crimen organizado? Sería algo así como tú haces como que investigas y yo me niego a consignar los expedientes por ser fallidos. Lo cierto es que a lo largo de tres años ambos funcionarios –Gertz Manero y Santiago Nieto –bajo el escándalo de que tenían diferencias dejaron de atender los problemas del país: la violencia, el tráfico de drogas, el lavado dinero, entre otros males de fondo, lo que ha puesto en entredicho la política anticrimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde que tomó posesión como mandatario se comprometió a pacificar el país y a combatir la corrupción. No ha cumplido.
Presionado por el escándalo o por haberse exhibido en su boda con los enemigos del presidente, Santiago Nieto tuvo que renunciar a la UIF tras ser exhibido durante su evento nupcial celebrado en un hotel de lujo en Antigua, Guatemala, uno de los más caros de ese país.
El presidente defendió a Santiago Nieto –como también hizo lo propio con Gertz Manero –al afirmar que son funcionarios honestos en los que tiene mucha confianza. En realidad, al presidente no le queda otra opción más que defender a sus colaboradores pese a sus presuntos actos indebidos, de otro modo, el discurso del combate a la corrupción se derrumbaría por completo. En pocas palabras, tiene que apechugar aunque se enoje.
Y es que el combate a la corrupción a lo largo de estos tres años de gobierno ha resultado más discurso que hechos. En prisión sólo están Juan Collado, el exabogado de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada; Rosario Robles, por la llamada Estafa Maestra –que en realidad es una venganza política de López Obrador –; el caso Lozoya, que pende de alfileres y el de Alonso Ancira, ya negociado con el compromiso de devolver los 200 millones de dólares de sobreprecio por la venta de la planta Agronitrogenados, un negocio plagado de corrupción que puso al descubierto un cuantioso saqueo en perjuicio de Petróleos Mexicanos.
Fuera de esos casos, los tres años de López Obrador en el poder han transcurrido ondeando la bandera del combate a la corrupción sin encarcelar a los verdaderos responsables del saqueo del país: Carlos Salinas –intocable, por cierto, en este gobierno –, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con el montaje de la consulta, los expresidentes quedaron cobijados con el manto de la impunidad.
