Con el alegato de morenistas de que en tribunales “no pueden quitarnos curules que ganamos con más de 600 mil votos”, en las instancias jurídicas federales se ponen color de hormiga los litigios entre el PRI y el partido de AMLO por las siete curules de partido en el congreso local.
El PRI argumenta que, en la pasada elección, el partido Morena aunque participó en coalición, debe ser considerado como un solo partido. Tener más de 25 diputados que es el número de distritos locales electorales que tiene Oaxaca, significaría sobrerrepresentación.
Significa también que se violaría el principio de la representación plurinominal que da prioridad a la representación de las minorías en el Congreso de Oaxaca.
El notario Juan Manuel Cruz Acevedo, abogado del editor Ericel Gómez y de los otros seis presuntos diputados nulificados en el Tribunal Estatal Electoral, sostiene que el caso no está definido. Explica a este columnista lo siguiente: Aunque en Oaxaca, jurídicamente se habla de sobrerrepresentación con base en la legislación electoral, la decisión de revocar una decisión similar del Congreso del Estado de México, establece jurisprudencia. Explica que, para los morenistas, esto abre posibilidades de que el tribunal federal eche abajo la decisión de los magistrados locales. Sin embargo, los tricolores están firmes en que reconocerle al partido Morena sobrerrepresentación, además de que es antidemocrático se le negaría a las minorías tener voz y voto en el Congreso.
Lo mismo
Otro caso que muestra la crudeza en las disputas por el poder político, es el pleito judicial por la desaparición o permanencia del llamado Consejo de la Judicatura estatal. Este espacio era considerado bastión del grupo político que lidera el mismo Ericel a través de su sobrino Alfredo Lagunas, hasta que el Congreso del estado, decidió su desaparición.
Con las pruebas de que significaba un espacio utilizado para fines políticos, con personal indisciplinado reacio a acatar las normas, además de oneroso e improductivo, el pleno del Congreso local decidió su finiquito. Los magistrados y consejeros, afines al grupo de Ericel, al sentirse afectados iniciaron una larga controversia que está en su etapa final.
El estado del pleito jurídico lo explica el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raul Bolaños Cacho Guzmán. Dice que en dos o tres días la Corte emitirá el último dictamen para responder a los innumerables recursos de apelación que ha presentado el grupo político inconforme contra una decisión soberana del Congreso local. Seguramente, dice el magistrado Bolaños, la última resolución vendrá en el mismo sentido de la negativa a los amparos promovidos con anterioridad por Ericel y su grupo.
El salto del chapulín
Circulan en las redes informes e imagen que muestran los abusos extremos contra la autoridad por un pequeño grupo de mujeres triquis que, insisten en llamarse “desplazadas” de sus comunidades, cuando las propias autoridades municipales de esos pueblos dicen lo contrario.
En múltiples ocasiones han dicho que nadie ha sido desplazado de los pueblos triquis. Lo que sucede es que recurren a la comodidad de utilizar este término porque les ha significado durante más de 10 años, apoyos del gobierno y hasta impunidad basados en el tutelaje que les han brindado organismo de Derechos Humanos, como la CIDH, la CNDH y, de manera permanente y sesgada, la DDHO que encabeza Arturo Peimbert quien ha hecho de estos grupos de supuestos “desplazados” clientes políticos.
Lorena Merino y Reyna Martínez, aunque con apenas diez seguidores, se han beneficiado inmensamente del apoyo gubernamental. Desde el sexenio pasado, el gobierno del estado, en acatamiento a los exhortos de los organismos defensores de Derechos Humanos, les pagan renta de viviendas que no habitan, paquetes de despensas, les han contratado locales comerciales que, por permanecer en el portal del palacio, han convertido en bodegas o las sub arrendan a precio alzado por estar en el Centro Histórico.
Ante la gran impunidad que les permite el gobierno, ahora recurren a la violencia y la extorsión. Golpean físicamente a policías, hombres y mujeres; roban energía eléctrica, instalan tanques de gas y no hay autoridad que aplique la ley. En sus excesos, Lorena Merino, cobra 3,500 pesos por la renta de una parte del portal del palacio. El espacio que esta audaz triqui comercializa para su beneficio particular, es el segundo arco, casi esquina con Trujano.
En muchas ocasiones las redes sociales han evidenciado los abusos de estas dos mujeres y la excesiva tolerancia de las autoridades hacia sus actitudes ilegales. Nada las inhibe, ni siquiera el hecho de que en las redes den a conocer copia de los cheques que Lorena recibe mensualmente del gobierno. Entonces ¿Cuál es la esencia de su lucha social? Solo hay que ver los carros en que se transporta con su equipo cercano, sus teléfonos celulares, sus ingresos, las despensas que le da el gobierno y cuya entrega a la supeditación de sus “desplazados”. Una grotesca foto de su teléfono móvil forrado con billetes de 500 pesos, fue exhibido recientemente también en las redes.
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