• Indagar Excesos
• DDHPO Ignorada
Morena llega a la antesala de la sucesión en Oaxaca con ventaja electoral, pero también con un cúmulo de desafíos internos y sociales. La elección de 2027 será un examen no solo para sus aspirantes, sino para el propio proyecto de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.
A punto de que Salomón Jara Cruz entre de lleno a su cuarta año de gobierno, su partido enfrenta el reto de renovar liderazgos. Apostar por figuras ligadas al grupo gobernante puede garantizar control político, pero también perpetuar las mismas prácticas de clientelismo y cooptación que mantienen al estado en el rezago. En cambio, si se abre a nuevas voces, deberá demostrar que el cambio no es solo un eslogan de campaña, sino una apuesta real por transformar Oaxaca.
Hoy se mencionan con insistencia los nombres de las senadoras Susana Harp y Luisa Cortés, pero más que un abanico democrático, lo que se percibe es una guerra soterrada de operadores, encuestas manipuladas y campañas anticipadas disfrazadas de giras de trabajo. El riesgo para Morena es que la sucesión se convierta en un campo de batalla donde las bases militantes sean desplazadas por las decisiones cupulares.
Si bien Morena prometió un cambio profundo, en Oaxaca persisten casos de corrupción que se deben de atender, la pobreza extrema y la inseguridad. Los ciudadanos empiezan a ver con desconfianza que el partido se concentre más en la disputa por la gubernatura que en resolver los problemas cotidianos. Si no hay resultados tangibles, la narrativa de la transformación puede agotarse y convertirse en un discurso hueco.
La historia política de Oaxaca muestra que las candidaturas designadas desde el poder han provocado fracturas, abstencionismo e incluso derrotas inesperadas. Si Morena repite la fórmula del “dedazo”, corre el riesgo de parecerse al mismo PRI que durante décadas criticó y que terminó perdiendo legitimidad ante la sociedad.
La sucesión de 2027 pondrá a Morena frente al espejo: o demuestra que puede gobernar sin repetir los vicios del pasado, o terminará devorado por los mismos métodos que juró desterrar.
… A VUELO DE PÁJARO
Ante el reconocimiento de que el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales son las dos regiones donde más asesinatos de mujeres se han cometido en los últimos meses, se le acumulan los pendientes a la Fiscalía General del Estado que maneja Bernardo Rodríguez Alamilla. De acuerdo con colectivos feministas, muchas de estas muertes presentan características de feminicidio: crueldad, violencia extrema, antecedentes de amenazas o desapariciones previas. Sin embargo, la dependencia suele tipificarlas como homicidios dolosos comunes, lo que genera desconfianza en las investigaciones y una percepción de impunidad.
Escándalo
La muerte de Andrea Tamara B. A., que según la Fiscalía murió por “asfixia mecánica por ahorcadura de suspensión incompleta”, es otro escándalo que deberá atender con prontitud y eficacia, pues deberá establecer legalmente las omisiones en el cuidado y custodia de la víctima y determinar el grado de responsabilidad de los policías municipales en Salina Cruz que la detuvieron y la trasladaron a la comisaría. La mujer quedó bajo resguardo de ellos y el sábado 13 de septiembre fue localizada sin vida al interior de una celda. Urge desterrar cualquier indicio de impunidad ante la creciente irritación ciudadana.
Ignorada
En Oaxaca, las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) parecen convertirse en letra muerta. A pesar de que este organismo autónomo ha documentado violaciones graves a los derechos fundamentales en casos de violencia institucional, abusos de autoridad y omisiones en materia de justicia, las autoridades estatales y municipales han optado, en la mayoría de los casos, por ignorarlas. Dependencias estatales y ayuntamientos suelen responder con evasivas o con informes parciales, sin reparar el daño a las víctimas ni modificar las prácticas que originaron las violaciones. El problema refleja no solo la falta de voluntad política, sino también la debilidad institucional de la DDHPO, que carece de mecanismos coercitivos para garantizar que sus resoluciones se acaten.
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