• Crisis en ISSSTE
• Mujeres Olvidadas
Ya inmersos en el cuarto año de la administración estatal, uno de los grandes retos es una transformación profunda, con obras y programas pero también impulsar políticas públicas que garanticen justicia, verdad y reparación — especialmente para comunidades víctimas de violencia, conflictos agrarios, desapariciones, violaciones de derechos humanos.
Priorizar inversiones en servicios básicos de calidad como son salud, educación, acceso al agua, vivienda digna, con enfoque territorial, equidad y participación comunitaria. Fortalecer el estado de derecho, transparencia y rendición de cuentas, que permita investigar corrupción, abusos, saqueos, impunidad histórica.
Aunado a lo anterior garantizar derechos civiles y sociales reales para grupos vulnerables como son las mujeres, pueblos originarios, comunidades rurales, sectores históricamente marginados. Y fomentar una gobernabilidad incluyente a través del diálogo, participación ciudadana, escucha activa, involucramiento de actores locales, movimientos sociales y organizaciones comunitarias.
Uno de los más grandes desafíos señalados desde su llegada fue sancionar corrupción, saqueo, abusos de poder y “saqueo” en estructuras heredadas. Pero para lograr justicia social real es necesario castigar actos de corrupción, responder por abusos y crímenes antigubernamentales, una deuda simbólica y ética que muchas familias, movimientos y comunidades exigen desde hace años.
Hasta ahora, existe un cuestionamiento: ¿se ha desmantelado realmente el “estado de impunidad”? ¿Se investigan los grandes casos del pasado? ¿O simplemente se prioriza la ejecución de obras en lugar de investigación, reparación, memoria?
A pesar del discurso de “transformación” y “justicia social”, persisten denuncias sobre violencia, inseguridad, violaciones a derechos humanos y conflictos comunitarios. Si bien hay avances estructurales, la inseguridad, la percepción de impunidad, la violencia contra personas vulnerables y la marginación continúan siendo retos críticos.
… A VUELO DE PÁJARO
Ante la falta de insumos, deterioro del equipo y la negativa de las autoridades para dar solución a los problemas que día a día se acentúan, trabajadores del área médica y de enfermería del Hospital Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE laboraron bajo protesta. Junto con médicos residentes y becarios exigieron condiciones dignas para poder laboral y la inmediata reapertura del comedor del hospital, el cual se mantiene cerrado desde hace una semana por la protesta de los sindicalizados. En días pasados el abandono de la institución fue documentado y exhibido cuando elementos de Protección Civil acudieron a atender una fuga de gas en los estufones de la cocina, donde el personal denunció los desperfectos desde hace semanas.
ABANDONADOS
La Zona Metropolitana de Oaxaca y las ciudades con un mayor número de habitantes a 15 mil no cuentan con Planes de Desarrollo Urbano vigentes, pues los realizados en su gran mayoría en la década de los noventa han quedado obsoletos y rebasados por el tiempo transcurrido y el crecimiento poblacional. Ante esa situación es necesaria la intervención y la participación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales para alcanzar el desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales y el aprovechamiento del suelo interurbano.
Además de lograr el ordenamiento territorial y ecológico, la identificación de riesgos y el financiamiento para la vivienda, ya que actualmente los municipios no cuentan con la visión y los recursos para poder invertir en la planeación del crecimiento de sus ciudades.
MUJERES
Oaxaca es calificada este año como el estado con las peores condiciones para el ingreso, permanencia y autonomía económica de las mujeres en el mercado laboral. Presenta presenta altas tasas de informalidad, pobreza laboral y bajos niveles de autonomía económica para las mujeres y por lo cual obtuvo una calificación de 28.1 puntos, en una escala de desempeño de hasta 100 puntos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estableció que si bien ningún estado tiene condiciones óptimas para las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional, es Oaxaca el de las peores condiciones entre los 32 estados. Y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI colocó al estado en el primer lugar de informalidad laboral, debido a que el 80.1 por ciento de su población ocupada está en estas condiciones (8 de cada 10 personas).
Semana Laboral
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