1).- Un árbitro extraviado
No se trata de descalificar, sin embargo, desde el arribo de Elizabeth Sánchez González a la presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), sólo han trascendido escándalos, señalamientos de corrupción, falta de acuerdos, desfile de funcionarios (as) y nula coordinación entre presidencia y consejeros. Es decir, un verdadero galimatías. Recordemos su arribo. Giras por todo el estado para pregonar el empoderamiento de las mujeres. Como si presidir un árbitro electoral fuera una campaña por la equidad de género.
Atribulada por la lentitud con que el órgano fue sacando a cuentagotas las elecciones por sistemas normativos internos –muy pocos municipios tendrán administradores- la funcionaria, que llegó al cargo con un currículum vitae con probada inexperiencia, tiene encima una tarea que está obligada a llevar a cabo, con imparcialidad y transparencia: el procedimiento de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, a realizarse el próximo 25 de enero.
2).- Los negocios afloran
Sin embargo, presuntos negocios e irregularidades administrativas parecen haberse institucionalizado en la gestión de la ex síndica de Tlacolula de Matamoros. Como lo publicó el diario El Financiero, en días de asueto decembrino, el 24 de diciembre pasado, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEEPCO, adjudicó, de manera directa, a la empresa Flexométrica, S.A. de C.V., un contrato para proveer el material para el citado procedimiento, por 36 millones 98 mil 779.85 pesos. Dicha empresa, ha trascendido, “es parte de un consorcio con Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs, grupo investigado por la ASF, por presuntas irregularidades en licitaciones sin sustento fiscal o técnico”. (Excélsior, 31 de diciembre de 2025).
Hay quienes ven por ahí la mano de la consejera del INE, Dania Ravel, defensora a ultranza de Sánchez González, en una pasada acusación sobre manejo de recursos. Fuentes internas revelan que, ni la aludida ni la contralora del organismo, Rosa Elia Vásquez, habrían firmado el convenio con Flexométrica. Con el argumento de la premura de tiempo, batearon una propuesta de menor costo: la de Talleres Gráficos de la Nación, por 32 millones.
3).- De mal en peor
Si bien el presupuesto de 186 millones de pesos que solicitó el IEEPCO para la citada revocación de mandato fue reducido a 99 millones por el Congreso, tomando como pretexto el trabajo adicional que les representa, según lo publicó el portal www.estado20.com los y las consejeras pidieron un bono extra para organizar la consulta y “un estímulo al personal de confianza y eventual”. El “bono especial” se estimaba en 141 mil 213 pesos, en tanto que para el Secretario Ejecutivo sería de 93 mil 636 pesos. Como los y las diputadas locales, también querían su “pago por evento”.
Después de tantos dimes, diretes y hasta sentencia de la SCJN, la referida consulta se llevará a cabo no como prevé la norma, a los 3 meses, sino como lo propuso el diputado PRIMOR, Javier Casique. Sin embargo, la falta de acuerdos al interior del citado árbitro electoral, la ausencia de organización con los comités distritales y municipales, el raquítico presupuesto asignado, la premura y el sectarismo al interior, entre otros factores, hace presumir una consulta con poca participación, pese a las 518 mil firmas que solicitaron el procedimiento. Además, como lo mencionamos en columna anterior, la maquinaria de Morena podría aplastar cualquier intento de hacerlo un ejercicio verdaderamente participativo. Con certeza, Jara Cruz transitará sin sobresaltos.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
— Si bien, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enmendado la plana al abuso y la intolerancia. Uno, a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y su fiscal, en torno al delito de “terrorismo”, acuñado al periodista Rafael León Segovia, para criminalizar su tarea y el otro, a la (¿o él?) youtuber, Juncal Solano, respecto al señalamiento a la presidenta de Uruapan, Grecia Quiroz, de sabotaje al Tren Intercoceánico, la censura y mordaza están a todo vapor. Ahí está el caso de Rodolfo Ruiz acosado por la Fiscalía de Puebla y de Manuel López Sanmartín, una voz fuerte en la radio. ¿Y los asesinatos de periodistas? Ése es otro boleto.
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