La detención del extitular de Sinfra, Javier Lazcano, por presuntos actos de corrupción en la asignación de obra pública y sus costos de ejecución, debe obligar a las actuales autoridades estatales a redoblar el combate a los ilícitos y privilegiar la transparencia. Ofrecer claridad en la asignación de obra pública y exhibir públicamente todo lo relacionado con la ejecución de trabajos, tal y como lo exige la sociedad oaxaqueña para conocer aquellos casos por asignación y donde haya licitaciones, los montos y las empresas a las que se les adjudicaron.
Desde hace varios sexenios el 90 por ciento de contratos se asigna a empresas locales, pero en contraste, los dineros destinados a las mismas equivalen al 10 por ciento del total presupuestado. Es indudable que los objetivos de la obra pública se siguen persiguiendo, aunque con la molestia de los constructores locales que insisten en que las obras de mayor alcance solo se reparten entre empresarios de otras partes del país.
A la luz de los sucesos se debe realizar de manera cotidiana auditorías a los recursos presupuestales provenientes por los servicios de supervisión de obras, cuyas observaciones se encuentran en proceso de solventación. En especial para evitar que se repitan historias del pasado donde se exhibieron grandes vicios que terminaron en grandes fortunas de quienes fueron funcionarios.
En sexenios anteriores nos engañaron con proyectos que se pensaron transformarían la realidad de Oaxaca. Ahí está el fiasco que significó el pomposamente denominado Programa Platino, los proyectos Paso Ancho, Paso de la Reyna, el Libramiento Sur y el Circuito Interior. Los rellenos sanitarios, desarrollos habitacionales, un Centro Cultural y de Convenciones y el Proyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, solo fueron un engaño más que los oaxaqueños exigen no se vuelva a repetir y se castigue con determinación.
Frenar violencia
En nuestra entidad hay grupos muy minoritarios que están violentando el Estado de Derecho y están haciendo actos vandálicos que merecen una respuesta contundente de las autoridades estatales. No se vale que en aras de defender el derecho a la libre manifestación de las ideas se trastoque la estabilidad y paz social, ya que con ello se afecta los esfuerzos de todos los sectores que buscan reanimar la economía e impulsar el progreso y desarrollo de Oaxaca.
Ante esta situación que ha sido recurrente, es necesario fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones de gobernabilidad y legalidad, pues resulta fundamental que haya unión en lo esencial, comenzando por el compromiso con las vías legales e institucionales en el devenir político, económico y social, así como en la solución de cualquier conflicto.
Debido a que cada vez se presentan más manifestaciones violentas que alteran la paz social y el orden público, como sucedió con un grupo de habitantes de Santo Domingo Teojomulco, es urgente sancionar con apego a la ley a quienes azuzan y avivan la inestabilidad. Garantizar que la fuerza del Estado se aplique en estricto apego a la ley, con respeto irrestricto a los derechos humanos porque no son momentos fáciles y hay una fuerte crisis de credibilidad en las instituciones.
El derecho a la manifestación si bien es un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera especial debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos, cuando estas expresiones se vuelven violentas, agresivas y trastocan derechos de terceros los gobiernos deben de actuar para proteger a las ciudadanía que nada tiene que ver.
