Informalidad

Oaxaca, Guerrero y Chiapas son las tres entidades con los más altos niveles de informalidad y están también en la lista de los estados con los mayores porcentajes de población en situación de pobreza. En 15 de las 32 entidades federativas del país, la tasa de informalidad laboral supera la media nacional, que es de 59% (por ciento) de la población ocupada.

Los niveles de informalidad alcanzados en nuestro estado, así como en otras entidades del país son dramáticos, porque indican que la gente no tiene acceso a fuentes de trabajo formal y se ve obligada a ocuparse en actividades de sobrevivencia.

Actualmente, los flujos de inversión no llegan o son escasos e insuficientes para generar infraestructura y fuentes laborales legales, pese a que todas esas entidades reciben importantes cantidades de dinero a través de participaciones federales y de la contratación de deuda con la banca privada. Tal cantidad de estos recursos federales no se ha traducido en obras de infraestructura y generación de empleos formales que contribuyan a reducir los índices de informalidad en las entidades federativas donde sobresale Oaxaca.

Esta es una de las causas por la cual no crece la economía local y que ante esa situación la gente busca qué comer a través de actividades informales, lo cual complica problemas como la falta de seguridad social y de fondos de ahorro para el retiro, que a mediano plazo terminará afectando las finanzas públicas.

Bajo esta tendencia, la economía crece lentamente, en parte porque la inversión ha sido escasa, mucha inversión en México proviene del exterior, ya que carecemos de un detonante de ésta en nuestro país. Por lo anterior, se vuelve indispensable que la autoridad combata la ilegalidad, se mejoren las condiciones crediticias, se le pague por parte del sector público a las empresas a las que se les debe, y que se mejore el marco fiscal de manera que se brinden mayores incentivos a las empresas. De no atender estas buenas intenciones, seguiremos condenados a seguir estancados.

Urge Eficiencia

La violencia y delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, por el contrario, son situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo, así como con diversas manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el delito; también es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.

Hoy la única forma de combatir con eficiencia, claridad y prontitud a la delincuencia es hacer de las competencias de cada área sus posibilidades de ayuda; esa es la tarea central, fundamental de las fiscalías, encontrar caminos para tener conexiones, para compartir procedimientos, información, posibilidades, mecanismos y con ello, resultados. La seguridad de los oaxaqueños es un tema prioritario que demanda del trabajo arduo y constante para alcanzar buenos resultados.

El gran reto sigue siendo involucrar a la ciudadanía en estas tareas de combate a la delincuencia, pues sólo con la decidida participación y organización de los ciudadanos en coordinación con las autoridades se podrán combatir con eficiencia y eficacia los delitos y la inseguridad. Por ello, un primer paso debe ser recuperar los espacios públicos donde se reúnen los delincuentes para fraguar sus ilícitos, garantizar el alumbrado público que ayude a reducir el robo a casas-habitación, negocios, asaltos a personas, robos de vehículos y autopartes.

Especialistas alertan que el enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como México en el que la atención se ha centrado en el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales, como lo son el incremento del temor y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, el encierro en el espacio privado de las viviendas, el abandono del espacio público y el incremento de las medidas de seguridad. Por eso, la inseguridad es actualmente una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha colocado en el ojo del huracán las medidas que el gobierno implementa para disminuirla.