La Espada de Damocles

Y volvieron a escena las amenazas de maestros y organizaciones sociales parasitarias, como Antorcha Campesina, con el sobado argumento de boicotear nuestra fiesta máxima, La Guelaguetza. Al menos durante los pasados cinco años, dejamos de escuchar la verborrea de dirigentes del Cártel 22 en ese sentido. El fin de semana pasado, luego de la famosa asamblea estatal, producto del asambleísmo pernicioso, tan común en las filas del magisterio, la dirigente seccional, Yenny Aracely Pérez Martínez, con aquella soberbia que sólo la parálisis y el miedo gubernamentales les ha permitido, salió a decir que habrá paro de labores a partir del primero de septiembre y que, el movimiento magisterial está “en alerta máxima” pues se reserva la posibilidad de “accionar” para boicotear la citada fiesta folklórica anual.

Desde el gobierno de Ulises Ruiz (2004-2010), la Guelaguetza se convirtió en una especie de obsesión del magisterio mal llamado “democrático”, pues la consideraron un festejo para los ricos, para la burguesía. Durante los disturbios del 2006, cumplieron su amenaza de boicotear la fiesta incendiando el templete en donde se presentan los bailes y danzas. El gobierno tuvo que devolver el costo de las entradas al cancelarse la celebración. Fue la primera vez desde 1932, en que se creó el “Homenaje Racial” en que el evento no se presentaba. En 2007 volvieron a la carga. Durante el gobierno de Gabino Cué el fenómeno se repitió. Había que negociar con los dirigentes y llegar, sobre todo, a un acuerdo económico. Es decir, la máxima fiesta folklórica devino algo así como una fijación patológica de quienes se asumen sin serlo, la conciencia colectiva de los movimientos sociales.

En todo ello hay un factor: la debilidad gubernamental para enfrentar a estos haraganes que cobran sin trabajar y, por su obsesión pecuniaria han llevado a la educación pública de Oaxaca a estar en los últimos lugares a nivel nacional. La designación en el mes de noviembre de 2022, de un nuevo comité ejecutivo con un perfil conflictivo y beligerante, que asume ser impulsor de un nuevo modelo educativo que nada tiene que ver con las políticas que ha impulsado el gobierno de la República, es un reto que el mismo gobierno debe enfrentar antes de que Oaxaca y sus ciudadanos vivamos de nueva cuenta, por capricho de estos vividores, un nuevo 2006. Si en efecto nadie está por encima de la ley, hay que demostrarlo con el magisterio.

Organizaciones: Piedra en el zapato

A poco de iniciar esta administración, el titular de la Secretaría de Gobierno, José de Jesús Romero López advirtió que en el gobierno de Salomón Jara no se otorgarían más recursos a membretes y organizaciones sociales que ni siquiera tienen los elementos para acreditar su estatus jurídico. Por ello, sostuvo que de un universo de 200 organizaciones -nosotros hemos considerado más de 300- si acaso 10 podrían tener acceso a los apoyos del régimen de Salomón Jara. En ese entonces nos preguntamos: ¿qué mecanismos habrá de instrumentar este gobierno para paliar el hambre, la costumbre de alargar la mano y la ambición desmedida de dirigentes y titiriteros?

Lo vimos en meses pasados en el Istmo de Tehuantepec, cuando militantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), que dirige Carlos Beas Torres, presuntamente expulsado del paraíso de los recursos estatales, mantuvieron varados los trabajos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), durante dos meses, al bloquear las vías del tren. Exigían millones y millones. Ésta es una de las reacciones de esos parásitos sociales como Antorcha Campesina y centenas de siglas más. Hace unos días, y ante la permanente amenaza de algunos de estos membretes de boicotear los festejos de julio, el mismo funcionario les repitió que el gobierno no tiene recursos para repartir como en el pasado y paliar el chantaje. Es decir, los dirigentes insisten en volver por sus fueros y exigir los recursos millonarios que antes recibían y que el mismo Congreso del Estado les etiquetaba en el Presupuesto Anual de Egresos.

Si la administración de Jara Cruz va en ese sentido, sin duda alguna tendrá el reconocimiento pleno de la sociedad oaxaqueña. La entidad arrastra mucho rezago, carencias y pobreza, para que se sigan destinando sumas millonarias a fondo perdido que sólo benefician a unos cuantos individuos. Por supuesto que es sano advertirles que los tiempos han cambiado y que no habrá más dinero. Además, el gobierno tiene formas para exigirles cuentas claras del recurso recibido en el pasado y aplicar la ley. La política de transparencia y rendición de cuentas no aceptan medias tintas. Es evidente que el hecho de entregarles recursos a fondo perdido ha animado más la discrecionalidad y la opacidad. Pero esto debe terminarse.