Una dura lección

Si bien los maestros (as) que fueron retenidos por padres y vecinos de San Pablo Güilá, durante 14 horas, el martes 4 de octubre, tuvo como justificación su presunta participación en la venta de drogas o estupefacientes, es un ejemplo claro de que con toda la fuerza que ha ostentado el gremio magisterial afiliado a la Sección 22 del SNTE, la fuerza de una comunidad no es algo digno de soslayar. Si bien, los mentores fueron liberados gracias a la intervención de las autoridades estatales y hubo dudas acerca de su responsabilidad, también lo es que la detención fue determinada por una asamblea comunitaria, aunque lamentablemente, sin las pruebas robustecidas para justificar la acción penal en los presuntos responsables. En efecto, el tráfico de drogas en las escuelas de nivel medio y medio superior es un hecho lamentable. También en las afueras de los centros escolares. Y ello ocurre no sólo en las ciudades sino, asimismo, en poblaciones pequeñas y comunidades.

Y si nos referimos en el título de este segmento editorial como “una dura lección”, es porque la misma, aunque fue por algo diferente, puede marcar un alto a la impunidad con la que se conducen maestros y maestras arropados por sus dirigentes sindicales. La semana anterior publicamos una nota preocupante respecto a mentores de la comunidad de Reyes, Etla, que se niegan a regresar a las clases presenciales, con el argumento de que quieren evitar contagiarse de Covid-19. Como todo mundo sabe, con la campaña masiva de vacunación en el país, la pandemia y sus efectos han aminorado. Al menos el altísimo nivel de letalidad ha sido paliado. No estamos pues, como en los primeros meses de la contingencia. De ello han transcurrido dos años y siete meses.

Las comunidades deben defender el derecho a la educación de sus hijos. Es una parte elemental del proceso enseñanza-aprendizaje. Ya basta de tanta irresponsabilidad del magisterio. Miles y miles de centros escolares ya están con las clases presenciales y cuyos maestros (as), están tratando de superar el rezago y atraso que hubo durante la contingencia. Sin embargo, los hay también a los que ya les supieron las vacaciones –porque así lo asumieron- y pretenden seguir cobrando sin cumplir con su labor docente. Sólo las autoridades y las asambleas comunitarias pueden obligarlos a presentarse. Y deben hacerlo para evitar mayores daños a la educación de niños, niñas y jóvenes.

Boom y daño ambiental

Desde hace tiempo, expertos en el tema ecológico han advertido que el boom del mezcal, la bebida ancestral oaxaqueña, cuya autenticidad tanto nos regatean en otras entidades del país, estaba causando un serio daño al entorno ecológico. La siembra intensiva de maguey ha afectado seriamente la selva baja de distritos como Ejutla, Miahuatlán, Tlacolula y San Carlos Yautepec. Ya se han dejado los cultivos tradicionales para privilegiar el más rentable: el maguey en sus diversos tipos de agave, de tal suerte que para surtir la creciente demanda de propietarios de marcas, hay que sobre explotar la tierra a niveles nunca vistos. Es evidente asimismo, la explotación de los pequeños productores que hacen esfuerzos extraordinarios para lograr la cuota que les exigen los que venden el producto final.

Esta afectación al entorno ha tenido efectos colaterales en el pastoreo, pues en el afán de sembrar laderas y cerros completos, se ha acabado con arbustos y especies vegetales de donde se alimenta el ganado. A todo ello hay que agregar los altísimos impuestos que pagan los que se produce en los palenques, con técnicas realmente artesanales, con ollas de barro y alambiques tradicionales, es decir, aún no en forma industrial, que no es lo mismo que el embotellado. Las ganancias, aún de los acaparadores no son las que se esperan, dados los impuestos que tienen que cubrir para llegar al consumidor final. En Oaxaca se ha convertido en una locura la producción del destilado. Hay más de mil marcas de pequeños propietarios que compiten con grandes consorcios internacionales, que han visto el mezcal como una rica veta de oro.

A todo ello hay que agregar la competencia, hoy en día, de productores de otros estados del país que han logrado la denominación de origen, como es la reciente autorización a Sinaloa para exportar su mezcal al extranjero. Sin embargo, pese al evidente daño ecológico del que hablamos, no se ha perfilado alguna política estatal para paliarlo. En esta administración dos dependencias han tenido que ver con la producción y la comercialización del destilado: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) y la Secretaría de Economía. Pero ninguna de las dos han reparado en la sobre explotación no sólo de la tierra de cultivo del maguey, sino de los mismos productores. Es necesario que el gobierno que entrará en funciones en diciembre, escuche a los expertos.