Nochixtlán: verdad postergada

El pasado martes, por enésima ocasión, la Procuraduría General de la República (PGR), suspendió su diligencia programada para ese día, en la comunidad de Asunción Nochixtlán. Unos dicen que de manera premeditada; otros, que en virtud de no encontrar condiciones propicias para llevarla a cabo. Desde hace días, con motivo de los ocho meses del evento desafortunado, la dirigencia de la Sección 22, que encabeza Eloy López Hernández, hizo un llamado a sus bases para acordonar el lugar y evitar a toda costa llevar a cabo la diligencia. No es la primera vez que ello ocurre, lo cual resultó para la opinión pública en una conducta sospechosa, habida cuenta que los grupos y partidos que han capitalizado el enfrentamiento del 19 de junio de 2016, se siguen victimizando esperando encontrar elementos para poder continuar lucrando con la tragedia. Insistimos, no es la primera vez que ello ocurre. Sin embargo, ese mismo día se dio a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un informe, en el que reconoce que la Policía Estatal acudió armada al desalojo. Subraya que los análisis de los fallecidos han sido parciales y poco dice de los más de cien policías federales y estatales heridos, además de otro tanto de civiles lesionados. Hasta aquí pues, en esas verdades a medias, va ganando terreno el llamado Comité de Víctimas, que encabeza la maestra Juana Ramón Solís y Maurilio Santiago Reyes. Para la opinión pública ha quedado claro que existe un propósito perverso para ocultar la verdad. Y es la tendencia del magisterio oaxaqueño a victimizarse siempre, lo que sirve de bandera. Hay elementos suficientes para fincar responsabilidades penales en contra de los presuntos instigadores y dirigentes de organizaciones sociales como el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), COMUNA, de Flavio Sosa Villavicencio; el Movimiento Agrarista Indígena Zapatista (MAIZ), que encabeza Omar Esparza y otros que participaron llevando gente que sirvió como carne de cañón, de donde surgieron los muertos. Lo grave es que para las supuestas víctimas sólo ellas lo fueron, omiten de manera dolosa las heridas de bala con las que resultaron decenas de elementos policiales. Hay pues muchos mitos, verdades a medias y la aviesa intervención de algunos organismos de derechos humanos, empezando por la cuestionada Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el ombudsman.