Los diputados deben ser defensores fervientes de la Constitución y los derechos fundamentales. Su principal responsabilidad es garantizar que todas las leyes y políticas respeten los principios constitucionales y protejan los derechos humanos. Esto implica no solo votar a conciencia, sino también denunciar cualquier intento de socavar la Constitución o restringir derechos. La independencia del poder legislativo es crucial para evitar el autoritarismo. Los diputados deben actuar con transparencia y rendir cuentas a sus electores, no a intereses particulares o partidistas. Es fundamental mantener una actitud crítica y vigilante respecto a las acciones del ejecutivo y otros poderes, asegurando que las decisiones legislativas se tomen en función del bien común. Esto suena muy romántico, pero es lo que la ley les ordena. Para fortalecer la democracia, los diputados deben promover el diálogo abierto y la participación ciudadana en el proceso legislativo. Esto incluye consultar a expertos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general para recoger una amplia gama de opiniones y perspectivas. Al ser receptivos a la voz de la población y facilitar la participación activa, los diputados pueden tomar decisiones más informadas y justas que reflejen las verdaderas necesidades y deseos de la sociedad. Asesórense por favor, piensen en sus hijos e imaginen si les gustaría que a sus hijos les aplicaran lo que legislan. Tienen que reforzar, su papel como contrapeso esencial en un sistema democrático, protegiendo así contra cualquier forma de autoritarismo y asegurando una gobernanza equitativa y justa.
Pues sepan ustedes, que el procedimiento administrativo de revisión oficiosa y discrecional, legislado en los decretos número 1494, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 2 de agosto del 2023 y publicado en el Periódico Oficial Extra, de fecha 15 de agosto del 2023 y el 2516 publicado el 12 de noviembre del presente año, es un Frankestein del derecho, así un adefesio profano, cuando digo profano, me refiero al trato irrespetuoso e irresponsable de los derechos humanos de los oaxaqueños. Esas reformas son una horrorosidad jurídica, jamás a nadie en su sano juicio, se le habría ocurrido, convertir en ley un instrumento cuya esencia es la traición a la ciudadanía. Convertir en norma y prácticamente un derecho de toda autoridad administrativa, conceder y quitar a capricho los derechos de las personas. Así como suena y como se oye. Un procedimiento administrativo de revisión oficioso y discrecional, que consiste en eso. Sin mayor razón retirarle a los ciudadanos derechos adquiridos de forma discrecional, su nombre lo dice y por motu proprio, en español, porque se le da la gana. ¿Qué tal suena? ¿Esto es propio de una autoridad? Para eso le pagamos a los diputados. ¿Para traicionar a sus electores? Le conceden a la autoridad administrativa el uso faccioso de la ley. Una manipulación de los derechos, una sociedad indefensa a merced del capricho del gobernante. Suprimir los derechos del ciudadano ¿no alineado al gobierno? Algo característico del totalitarismo. Te doy y te quito según la conveniencia del gobierno municipal o estatal, deviene en una peligrosa erosión de los derechos individuales. Porqué aprobar las iniciativas de ley, tal como la reciben del Ejecutivo, no cambiarle ni una coma es la consigna. No hay oposición, así que “atáscate ahora que hay lodo”. Yo les diría señores legisladores, con todo respeto. “No porque hay lodo, deben atascarse. Y me refiero a la adición al artículo 117 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado, relativo a la revisión de los actos administrativos en sede, con otros 117 bis, 117 ter, 117 quater, 117 quinquies, 117 sexies, 117 septies, 117 octies, 117 nonies y 117 decies. Se los dejo de tarea, señores diputados.
