Además de la pifia histórica que significa haber impedido el juicio político contra Gabino Cué Monteagudo no obstante los señalamientos de “gran saqueador” del patrimonio del estado, los diputados, de todos los partidos, en la LXIII legislatura local se convirtieron en verdaderos protectores de la corrupción de los presidentes municipales y demás prohijantes de la opacidad.
Llegaron al extremo de obstaculizar la política de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIPO). A mediados de este año, la diputada María de Jesús Melgar, en su calidad de presidenta de la Comisión Instructora, pidió al citado instituto informara de cuantos recursos de revisión contra presidentes municipales había ordenado. Es decir, sanciones contra ediles que se niegan a la transparencia en el manejo de sus recursos.
El informe fue de ¡286! presidentes municipales morosos o, de plano, reacios a cumplir con la ley que les llama “sujetos obligados” a rendir todo tipo de información pública que cualquier ciudadano o institución les solicite.
La citada diputada nunca acusó recibo. El IAIPO le remitió después otra solicitud para pedirle que el Congreso decidiera sanciones contra los Ayuntamientos que no cumplen con la ley de transparencia.
La cámara recibió nombres de municipios que, definitivamente, se pasaron por el arco del triunfo, la ley de transparencia. Entre los más reacios a su cumplimiento, vale mencionar a los presidentes municipales de Tapanatepec, Juxtlahuaca, Ciudad Ixtepec, Etla, San Agustín de las Juntas, Nochixtlán, Matías Romero, Atzompa, Santa Lucía del Camino, San Agustín Etla, Tehuantepec, Reyes Etla, Ocotlán, entre muchos más.
Posteriormente el instituto de transparencia insistió al congreso sobre las sanciones que debió aplicar. Comunicaron a la citada diputada lo siguiente: “Sírvase informar a este órgano garante sobre las acciones que ha implementado la Comisión Permanente Instructora, a su cargo, a fin de que los sujetos obligados (Ayuntamientos) mencionados cumplan con la normatividad que les obligan los artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública…”. ¿Saben que pasó? Ni siquiera hubo respuesta.
Sospechosismo
Los informados me dicen que los diputados, avisados por su compañera María de Jesús, en lugar de promover sanciones en contra de los presidentes municipales incumplidos, los pusieron sobre alerta. Cada quién en su respectivo distrito. Es decir, se coludieron contra la transparencia.
Ante esta muestra evidente de rechazo a la rendición de cuentas que ordena la ley, el IAIPO recurre a sus atribuciones y en los últimos tres años ha sancionado a 4 Ayuntamientos por negarse a informar.
Al de Matías Romero le ha hecho dos amonestaciones públicas. Al de Atzompa, una amonestación. Al de Santo Tomás Tamazulapam, le aplicó una multa además de la amonestación; de igual manera San Francisco Telixtlahuaca tiene una amonestación pública.
Dique a la transparencia
Pese a la insistencia del IAIPO por construir el sendero de la transparencia gubernamental, hay una gran resistencia. Lo raro es que en las mismas instancias de gobierno, como el congreso del estado, hay diques contra la rendición de cuentas.
Por esta razón, el citado instituto, en calidad de solitario, ha hecho lo que le corresponde. Por las diversas responsabilidades en que incurren Ayuntamientos y dependencias de gobierno, al negar la información pública que se les pide, ha presentado denuncias.
En este momento se ventilan 38 acusaciones en la Fiscalía General del Estado.
En el Congreso del Estado, hay 50 denuncias y 15 más en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado. Todas corresponden del 2015 a la fecha. Lo extraño es que todas estas quejas duermen el sueño de los justos.
En su décima sesión ordinaria, el IAIPO analizó este fenómeno de incumplimiento de las solicitudes de información. Resolvió 29 recursos interpuestos por lo mismo, es decir, incumplimiento a las peticiones de información pública.
Entre las instituciones cuyos titulares se muestran tercos a sumarse a la transparencia, están los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO); la Secretaría de Administración donde sistemáticamente ignoran las solicitudes de información.
El ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, se niega a informar sobre el número de plazas de base y confianza, la remuneración bruta y neta, y proporcionar el padrón de proveedores para los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Está tan arraigada la corrupción municipal que el Ayuntamiento de Santo Tomás Tamazulápam, Miahuatlán, se niega entregar información tan sencilla, como unas copias certificadas de la nómina de aguinaldos que les fueron entregados a los integrantes del cabildo y empleados del Ayuntamiento.
En la Secretaría de Vialidad y Transporte (Ahora Secretaría de Movilidad), el Pleno del IAIPO resolvió dos Recursos de Revisión. Tal dependencia se niega a la entrega de la base de datos del parque vehicular de autobús, ómnibus o microbús para el servicio público de transporte y datos relativos al año y modelo de las unidades del transporte colectivo que prestan servicio en la capital.
La larguísima lista de Ayuntamientos y dependencias de gobierno reacias a la transparencia, es muestra del tamaño de la resistencia de las propias entes gubernamentales a la era de la rendición de cuentas.
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