El despojo a la Iglesia mexicana durante la Reforma consistió en la nacionalización de los bienes del clero, mediante las llamadas Leyes de Reforma promulgadas entre 1855 y 1863, en las que el Estado expropió dichos bienes siendo presidentes de la República don Juan Álvarez, el coronel Ignacio Comonfort y el licenciado Benito Juárez. Se argumentó que los capitales recaudados por la venta de las fincas, ya fueran rurales (haciendas) o urbanas, servirían para cubrir los gastos del Estado —que no podía solventar—; por ello, entre muchas causas, se aplicó la Ley de Desamortización de las fincas rústicas y urbanas, propiedades de corporaciones civiles y religiosas. Esta ley, que atacaba sin misericordia los intereses de la Iglesia, fue aquí, en la tierra de Juárez, el motivo suficiente que hizo estallar la Guerra de Reforma o la llamada Guerra de los Tres Años.
Estas leyes buscaban separar la Iglesia del Estado, eliminar los privilegios del clero y promover la secularización de la sociedad. Fueron los liberales quienes consideraban que la riqueza de la Iglesia era incalculable, estimándola en alrededor de $350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), una fortuna de aquellos pesos oro. Sin embargo, lo que pensaban los liberales fue una cosa y lo que se logró con estas leyes fue otra: quienes compraron los bienes fueron los propios “liberales”, quienes nunca pagaron, aun cuando el valor asignado era del 25% del valor real.
En Oaxaca, las propiedades de la Iglesia equivalían al 70% de las fincas urbanas existentes. El origen de tal riqueza era que los finados, al morir en la gracia de Dios, heredaban sus bienes a los 30 templos y a los 13 conventos —ocho de hombres y cinco de mujeres—. La riqueza de los conventos también provenía de las dotes entregadas por los padres de las monjas al ingresar, con el fin de que sus hijas se dedicaran a la oración sin necesidad de trabajar. Lo que sí es cierto es que gran parte de lo construido entre los siglos XVI y XVII se realizó sin pago salarial a los naturales, a quienes únicamente se les proporcionaban dos alimentos durante las jornadas de trabajo.
En las postrimerías del siglo XVIII (1792), según el informe o padrón ordenado por el conde de Revillagigedo (1789-1794), se registró que había 780 casas en la ciudad de Antequera que pertenecían a conventos de monjas y frailes de órdenes mendicantes; de ellas, 131 eran de los dominicos de San Pablo y 70 de Santo Domingo el Grande. El resto pertenecía a diferentes conventos: Santa Catalina, La Soledad, San José, La Compañía y los Siete Príncipes.
Para 1824, el número de casas habitación en la ciudad de Oaxaca ascendía a 1,811, de las cuales 579 pertenecían a cofradías existentes (Virgen de la Soledad, San Pedro, la Cruz, la Virgen de la Asunción), así como a capellanías y conventos, en un contexto en el que ya iniciaba la decadencia de los religiosos y monjas de los ocho conventos de varones y los cinco monasterios de mujeres.
Santo Domingo el Grande pertenecía a una orden mendicante dedicada a la predicación, la enseñanza y la caridad, sosteniéndose de estancias de ganado, renta de casas y algunas limosnas, enfocándose en la evangelización de los naturales mediante una predicación ejemplar.
El convento del Carmen de arriba correspondía también a una orden hospitalaria que brindaba el viático a los enfermos; fue fundada en el siglo XII en España y establecida en Oaxaca en 1667, cuando los carmelitas llegaron a la ermita de Consolación, trasladándose posteriormente a un templo y convento en 1699. Otras órdenes fueron los agustinos, también mendicantes, fundados en el siglo XIII y llegados a Oaxaca en 1580; así como los mercedarios, otra orden hospitalaria que arribó a Antequera en el siglo XVI.
De los betlemitas se sabe que fue una orden hospitalaria llegada de Guatemala a Antequera en 1598, dedicada a la redención del cautivo y la protección de los más vulnerables, ocupando el inmueble anexo al templo de Guadalupe. Los juaninos, también hospitalarios, llegaron en 1698, construyeron su hospital y ampliaron el templo de San Juan de Dios. El templo de San Francisco fue edificado igualmente por una orden mendicante.
Finalmente, los felipenses llegaron en 1696, orden fundada por el mártir mexicano sacrificado en Japón en 1597. Entre las monjas se encontraban las concepcionistas, las catalinas, las mónicas de la Soledad, las clarisas de San José y las clarisas de Santa María de los Ángeles (Siete Príncipes).
Terminada la Guerra de los Tres Años, las Leyes de Reforma comenzaron a aplicarse. El 6 de enero de 1862, una vez exclaustrados los frailes del convento de San Francisco y “despojado de sus cuadros sombríos y sus pinturas infernales…”, el gobierno del Estado fundó ahí la Escuela Central Normal, abierta desde 1826 y que anteriormente funcionaba en el ex Palacio Episcopal, hoy Palacio Federal.
Leyes como la de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859 confiscaron los bienes de la Iglesia y los pusieron bajo control del Estado, convirtiendo el convento en hospital de guerra en 1860.
Otras leyes fueron la del matrimonio civil (23 de julio de 1859) y la del 28 de julio del mismo año, que creó el registro para documentar nacimientos, matrimonios y defunciones, seguida por la Ley de Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860. En total fueron siete leyes principales que permitieron al Estado apoderarse de los bienes, incluyendo acciones consideradas atroces, como la expulsión de monjas de sus conventos.
Sin embargo, no solo se afectó la vida conventual, sino también la educación, la atención a los enfermos y la vida espiritual de la grey católica que atendían las congregaciones religiosas.
El Ayuntamiento de Oaxaca solicitó la cesión del convento de Santa Catalina para instalar una cárcel y el recinto del Cabildo; el presidente Juárez la concedió. Se notificó a las monjas que debían desocupar el edificio y, ante la falta de respuesta, se les dio un plazo de diez días para trasladarse al convento de la Compañía de Jesús (del que también serían desalojadas). Al no retirarse, el gobierno preparó el desalojo, pero al ver grupos de personas afuera del convento evitó actuar de forma abierta para no ser visto como “una odiosa policía, armada hasta los dientes, que cebaba su villanía en débiles mujeres…”.
Finalmente, en 1859 el edificio fue cedido para cárcel pública y escuelas municipales, aunque solo dos de estas se instalaron años después en la calle de Murguía, por gestiones de don Francisco Vasconcelos.
El desalojo se realizó de manera arbitraria y nocturna, bajo la Ley Marcial, prohibiendo reuniones de más de dos personas. A medianoche llegaron tres coches cerrados al monasterio; ante la alarma de las trece monjas, se derribó la puerta y “se les dio treinta minutos para que tomaran los objetos de su propiedad”.
La exclaustración fue ejecutada por el licenciado Félix Romero el 16 de mayo de 1867, tres días después de iniciar el interinato del licenciado Miguel Castro, en su calidad de secretario de Gobierno. Aunque la ley databa del 26 de febrero de 1863, su cumplimiento se retrasó más de cuatro años, pasando por varios gobernadores hasta que finalmente se ejecutó durante el gobierno de Castro, quien ordenó el desalojo nocturno de las monjas de Santa Catalina de Sena y de otros cuatro conventos, los cuales fueron saqueados. Queda la interrogante: ¿qué ocurrió con los bienes muebles, cuadros, cristos, cálices y reliquias de los conventos?
Oaxaca de Juárez, Oax., a 27 de abril de 2026
JORGE BUENO
Cronista de Oaxaca
Presidente de la A.E.C.O.
Secretario General de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos A.C.
