Por Ernesto Hernández Norzagaray
“Quien nada debe, nada teme”, pontificó el Presidente López Obrador en una conferencia mañanera de esta semana, cuando se refirió a la solicitud que hizo Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a un Juez de distrito para que le obsequiara 31 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios e investigadores que tuvieron responsabilidades técnico-administrativas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Foro).
A saber, para la Fiscalía, estos exfuncionarios del mundo académico habrían incurrido en varios delitos: “presunto peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”.
Una solicitud que a la vista de todos no tiene precedente. Y menos contra quienes se desempeñaron como funcionarios en las dos principales instituciones del Estado mexicano en materia de ciencia y tecnología durante el Gobierno de Peña Nieto -Aclaro, no descarto, que pudo haber corrupción en ellas, cuando se financiaron proyectos de empresas privadas o el dinero haya servido para gozar de privilegios personales, que recuerdo ventilaron los nuevos funcionarios, pero, lo demás, estaría por demostrarse.
Y es que el Juez fue el primer sorprendido con la denuncia contra los académicos, quien revisó la petición y la rechazó, por no tener suficiente fundamento y le dio a la FGR, 15 días para subsanar las inconsistencias de la petición.
La primera pregunta es por qué siendo la Fiscalía un órgano autónomo del Poder Ejecutivo no entregó debidamente sustentada su petición y de esa forma, procurar evitarse esta exhibida pública como acusador de un sector social muy sensible y más, cuando, se podría estar manchando trayectorias y honras públicas.
Se podrá decir que es lo normal en los juicios y que no se presentan todas las pruebas de una sola vez, y que el querellante, puede ir entregándola conforme a su estrategia en la etapa procesal pero aquí se pretende ipso facto meter a la cárcel a funcionarios y científicos.
Más aun, sorprende a más de alguno, que de buenas a primeras se les quiere encerrar en el penal de alta seguridad del Altiplano y eso, los pone, a la altura de la peligrosidad de Miguel Treviño Morales, “El Z-40”; Servando Gómez Martínez, “La Tuta” o en otro momento; Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Pero, ese exceso en que podría incurrir un litigante primerizo no vale cuando hablamos del equipo jurídico del Fiscal General, que siempre debe demostrar que es profesional y esta despojado de prejuicios y animosidades para evitarse ser señalado que lo hace por razones emocionales, como lo describe el periodista Raymundo Rivapalacio, en el artículo que dio a conocer el caso que llevaba más de un año en la sombra judicial.
O mejor, como la querella vino de la oficina de María Álvarez-Buylla, la titular de Conacy y, quien, desde que fue nombrada, ¿cómo no?, abrazó el discurso anticorrupción y enderezó la crítica contra los funcionarios de la pasada administración y ofreció hacer una limpia, cuando el cargo obliga a ser prudente, discreta y escrupulosa antes de solicitar a la Fiscalía que inicie el proceso penal contra los funcionarios e investigadores que están en la mira y bajo la atención de los medios de comunicación.
El eje de la denuncia contra los funcionarios y científicos, recordemos, tiene que ver con las transferencias de recursos públicos desde Conacyt hacia el Foro. Que no sería ilegal porque el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología dice a la letra “El CONACyT otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”. Y en un comunicado reciente la FGR lo acepta, pero arremete, diciendo que los acusados crearon una empresa privada que no identifica a la que se le drenó dinero público.
Más aun, el Consejo de Ciencia y Tecnología de la actual administración, a finales de 2019, modificó el estatuto y suspendió la entrega del financiamiento al Foro, y el problema es que se busca sustentar las órdenes de aprehensión en clave retroactiva por existir esa “empresa privada” no identificada y que sería el pilar de la acusación.
En, tanto, se esclarece esta acusación que se perfila como cacería de brujas en el terreno científico, hay quienes sudan humores propios y ajenos, entre los primeros, están los de Gertz Manero, quien hace unos meses fue habilitado saltándose las comisiones de pares, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.
Que dicho de paso corresponde a los investigadores que tienen una larga trayectoria y una producción académica de gran reconocimiento entre la comunidad científica internacional, y Gertz Manero, no ha podido demostrarlo, incluso, su libro sobre la vida y obra de Guillermo Prieto fue cuestionado por Guillermo Sheridan por incluir párrafos plagiados, y en el caso de María Álvarez-Buylla, menos emocional, pero igualmente dura, lleva a pensar que lo ha hecho para justificar el cargo burocrático.
La más compleja explicación es la que está en marcha y que se escucha a políticos y miembros del SNI, polémica y me parece excesiva, es que detrás del proceso de descalificación, deslegitimación, está la intención de que cualquier día se diga que el Conacyt, y particular el SNI, no le sirven al país y, como sucedió con los fideicomisos vinculados a los 26 centros públicos de investigación, haya que desmantelarlos o reducirlos a su mínima expresión para que su dinero sea utilizado para financiar programas sociales.
