Ante los reclamos de quienes utilizan la autopista Barranca Larga-Ventanilla, las autoridades estatales se vieron obligadas a desalojarlos. Los reclamos por los excesos de estos habitantes de la zona de los coatlanes que mantenían retenidas algunas unidades de transporte público concesionado y hacían presencia en el kilómetro 92 fueros abrumadores en pleno periodo vacacional de Semana Santa.
Por ello es necesario sancionar o penalizar acciones realizadas por grupos sociales que utilizan la presión como manifestaciones, bloqueos, plantones, para hacer valer sus demandas, sin duda se debe respetar el derecho a la protesta: reconocido como una forma legítima de expresión y participación ciudadana. Sin embargo, cuando estas acciones afectan derechos de terceros, como el libre tránsito, la seguridad o el acceso a servicios básicos se debe actuar con apego a la ley.
Diversos sectores de la sociedad, incluyendo legisladores y organizaciones civiles, han solicitado que se implementen sanciones más severas contra los actos de chantaje perpetrados por grupos de presión que buscan influir en decisiones gubernamentales o legislativas mediante amenazas, bloqueos u otros métodos de coacción.
Los solicitantes argumentan que este tipo de prácticas vulnera el estado de derecho y entorpece el funcionamiento democrático de las instituciones. Además, señalan que los grupos de presión, al utilizar tácticas de intimidación o chantaje, no solo afectan la toma de decisiones públicas, sino que también perjudican a la ciudadanía en general.
Es importante garantizar que cualquier demanda o manifestación se realice dentro del marco legal y sin recurrir a la violencia o al chantaje. Y muchas consideran impulsar una reforma para tipificar estas acciones como delitos específicos dentro del código penal. Algunas autoridades han expresado su respaldo a la propuesta, mientras que otras advierten sobre el riesgo de criminalizar la protesta social legítima.
