Estamos en la recta final de 2025, y éste no ha sido un año que merezca recordarse precisamente, ya que muchos acontecimientos ensombrecen a nuestro país. En semanas pasadas, las fuertes lluvias azotaron cinco estados; Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, con un saldo de 66 personas que perdieron la vida y 75 más, desaparecidas.
La situación para los sobrevivientes es difícil, pues han perdido sus bienes y no existe nada para ayudarlos desde la autoridad; en cambio la sociedad civil hace colectas para ayudar en lo primordial que es la comida y la higiene; de esta forma se puede pensar que a esto se atienen las autoridades, a la buena voluntad del pueblo bueno y sabio que sale siempre a ayudar al hermano en desgracia.
Por otra parte, la inseguridad impera en casi la totalidad del país, que dicho sea de paso está convertido en un gran cementerio; cada día desde hace años, se contabilizan en los espacios noticiosos los muertos de cada jornada; es algo que se ha ido normalizando, como si estuviéramos en una guerra. Un día es un estado del país el que aporta más decesos, otro, es otra entidad y así se van disputando el ranking por el lugar más violento, nada para enorgullecerse.
No sólo han sido los embates de la naturaleza los que le dan a este año la connotación negativa de la que se hacía mención al principio, sino también el rezago que en materia de protección civil prevalece en todos los estados. Tan sólo hay que recordar el flamazo mortal de la pipa en Iztapalapa; este hecho puso en evidencia a las autoridades rebasadas ante el crecimiento exponencial demográfico en medio de la anarquía, así como la falta de corresponsabilidad de la autoridad y de los particulares en temas cuya desatención puede ser de vida o muerte, como ya lo vimos, lo que además huele, no a gas, sino a corrupción.
En el tema fiscal, el gobierno federal está buscando hacerse de ingresos por la vía tributaria, pues el nivel de endeudamiento del país es inédito. De manera tal que en 2026 nuestro país tendrá que pagar 1.7 billones de pesos de puros intereses. Esto representa el 10 por ciento de los 10.7 billones de pesos que espera obtener la Secretaría de Hacienda para el próximo año.
Entre los incrementos de impuestos y derechos en 2026, suman más de 26 para diversos productos y servicios que van desde las bebidas edulcorantes, cigarros, videojuegos violentos, apuestas y sorteos, sueros orales, hasta la entrada a museos y zonas arqueológicas, al tiempo que el SAT afila sus dientes para tener más ingresos por auditorías, pero no creamos que son para pagarle mejor a su personal, sino para fondear el gasto público que en buena medida se ha ido en el huachicoleo fiscal (600 mil millones de pesos) y en apoyar a la hermana República de Cuba con petróleo y otros insumos (3 mil millones de dólares).
El incremento de impuestos dará un golpe muy fuerte a los sectores más desprotegidos, pues los ingresos no aumentan y las ofertas de trabajo no se abren, ya ni siquiera la informalidad la tiene fácil. Los especialistas en temas económicos coinciden en que el empleo formal ha empezado a desacelerar su ritmo de crecimiento. No se generan nuevos puestos al mismo ritmo de antes. Además, los aumentos salariales que solían traer un poco de alivio, también se volvieron más escasos este año. En resumen, las tasas de incremento salarial se están reduciendo.
Hay varios factores detrás del fenómeno. Uno de los más importantes es el aumento en el salario mínimo. La medida es bien intencionada para mejorar las condiciones de quienes menos ganan, el poder adquisitivo de las personas de hoy es ya comparable, al menos, con el que tuvieron los trabajadores por ahí de 1982.
Pero este beneficio también puede tener efectos secundarios. Entre ellos, está la contracción de la oferta de empleo formal, ya que algunas empresas prefieren no ampliar sus plantillas, al menos no, cuando la economía regional de Estados Unidos luce estancada y México pelea por acercarse a un crecimiento económico del 1 por ciento.
Al panorama anterior, hay que incorporar el hecho de la amenaza que representa la carga de más aranceles a productos mexicanos exportados a Estados Unidos y el riesgo de que el T-MEC sea bilateral y no trilateral como ha sido hasta ahora con Canadá y la Unión Americana.
Uno de los principales motores que podría revertir los desalentadores números macroeconómicos que tiene México, como un crecimiento del PIB de 0.9 %, una deuda creciente y caída del empleo formal, entre otros tantos indicadores, es precisamente la llegada de inversiones foráneas.
Sin embargo, éstas se han retirado ante la fragilidad del Estado de Derecho y la pérdida de autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial. Eso sin considerar que el juicio de amparo ya no protegerá a los ciudadanos y empresas, sino al mismo Estado.
Desde el gobierno federal se oyen voces que señalan que las recientes reformas a la Ley de Amparo y la elección de jueces no afectan la inversión extranjera. Pero en términos reales, la Inversión Extranjera Directa registró una caída de 21% en el primer trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo de 2024. Lo que aseguran los que saben, que se debe principalmente a la incertidumbre generada por la política comercial y arancelaria y por la vulnerabilidad del Estado de Derecho.
Al parecer el año próximo será peor, por la precaria viabilidad de las finanzas públicas y por esa visión populista de gobernar para mantener el poder y no para resolver las necesidades más apremiantes de la población.
