Cartel del despojo: impunidad, la señal

Se encendieron señales de alerta entre diversos círculos políticos, jurídicos y sociales en el estado con el paso de Enrique Toro Ferrer de prisión preventiva a arresto domiciliario desde donde continuará enfrentando los presuntos pendientes con la justicia.

Toro Ferrer ha sido vinculado a proceso por el presunto delito de despojo cometido en mayo de 2021 en agravio del caricaturista de EL IMPARCIAL, José Bolaños. De acuerdo con el proceso, el inculpado fue asegurado in fraganti en el inmueble en disputa, luego que un día previo actuó de manera violenta contra el empresario, dueño de una casa ubicada en el centro histórico de la capital del estado.

Bolaños fue amarrado y amenazado con armas de fuego por Toro Ferrer y otras personas, quienes posteriormente lo despojaron de su inmueble. Toro Ferrer fue Subprocurador de Justicia de Oaxaca durante el sexenio del Heladio Ramírez López, de 1986 a 1992. Había sido internado el mismo mayo de 2021 en el penal de Tanivet y su defensa, incluso, amenazaba con llevar a juicio al fiscal Arturo Peimbert ante las presuntas anomalías cometidas durante la detención, lo cual no prosperó.

Enrique Toro Ferrer, sin embargo, ha sido señalado por ser un integrante destacado del llamado Cártel del despojo con huellas en notarías, en catastro y el Registro Civil por posible tráfico, fraude o eventual apropiación ilegal de predios e inmuebles empleando argucias legales, falsificando o desapareciendo documentos y actuando en una orquestada red de delincuencia organizada en Oaxaca. Sin embargo, todo ello se ha quedado solo en señalamientos, incluso del propio fiscal Arturo Peimbert, pero con absolutamente ninguna acción penal.

A pesar de dichos señalamientos, Toro Ferrer no afronta acción legal en su contra, ni siquiera de lejos, relacionado con el presunto Cartel del Despojo y, con lo acontecido el jueves, la señal es clara: no se va actuar en consecuencia y, en este rubro, es claro el mensaje de impunidad. No se procedió contra quien se tenía asegurado en prisión, mucho menos con quienes presuntamente son sus socios de tropelías; mas aún porque, de acuerdo con acusaciones, las irregularidades se extienden y tienen relación con personajes de las altas esferas del gobierno actual.

Hay procesos emblemáticos que podrían seguir el mismo camino como el “liberar” o abrir la chapa legal de aquellos que se han mostrado afines al régimen de cada sexenio aprovechando los últimos días de cada gobierno. Los casos están ahí: la agresión del ex diputado priista, Juan Vera Carrisal, a pesar del marcaje personal de la saxofonista María Elena Ríos, sobre la laxitud de autoridades, el retraso y falta de interés por llevar el expediente hasta sus últimas consecuencias.

En este caso, bien podrían argüir fallas de procedimiento, “pecados” cometidos por la fiscalía, en no respetar el debido proceso y hasta un punto o una coma mal puesto en un documento oficial para, bajo argucias legaloides abrirle la puerta o, al menos, hacer más ligero o proceso penal para el victimario, y vamos que se ha intentado y explorado ese camino.

Cinco años han transcurrido ya desde octubre de 2018 cuando Ivana Mingo fue abandonada en las puertas del Hospital Civil por su novio, Alfonso Delgado Cervantes, pero nada se ha avanzado al respecto que no sean trabas en el procedimiento.

Delgado Cervantes conducía en estado de ebriedad cuando impactó su camioneta Jeep alrededor de las 3:00 horas y abandonó a su entonces pareja, Ivanna Mingo de 26 años de edad, quien falleció más tarde en el interior del vehículo.

Videos muestran que el exdirigente de la Red de Jóvenes del PRI, e hijo de la entonces delegada de Profeco en Oaxaca, Rebeca Cervantes, habría ocultado el cuerpo por más de tres horas sin permitir que Ivanna recibiera atención médica.

La familia de Ivana ha enfrentado un proceso plagado de vicios y señalado la protección al victimario; incluso, en al menos dos ocasiones desde el propio gobierno han debido desmentir presunta incorporación a la administración pública; esto, gracias a las “benditas redes sociales”. La FGEO dio por cerrado el caso luego que el imputado pagara una fianza y se suspendieran provisionalmente sus derechos a viajar o a conducir.

En este caso se aplica muy bien aquella presunta máxima atribuida a Benito Juárez “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Sin embargo, en estos casos lo que ha privado es la impunidad o la aplicación laxa de la ley.

GABINETE ¿PARITARIO?

El tener mujeres en el gabinete, en verdad, no significa en automático contar con un gabinete paritario. Vamos, incluso el contar con más damas que hombres no garantiza que éstas cuenten con mayor poder de decisión. Leemos en un medio local que las mujeres tendrán las tareas más importantes en la próxima administración. No maquillemos o trivialicemos el asunto de la paridad de género.

Quienes tendrán las carteras más importantes en la próxima administración, las dependencias en donde se tomarán decisiones, los acuerdos, las que llevarán el pulso del gobierno serán encabezadas por hombres: Jesús Romero, Gobernación, Farid Acevedo, Finanzas; Antonino Morales, Administración; José Antonio Rueda, jefe de Gabinete, incluso la ejecutora de obras, Sinfra, a cargo del denostado Netzahualcóyotl Salvatierra.

Sin afán de minimizar las carteras pero la Secretaria de la Mujer, la SEP, Semovi e, incluso, Bienestar no son dependencias de peso, de decisiones trascendentales para Oaxaca, nunca lo han sido. Acaso seguridad o bienestar, por el asunto del combate a la pobreza, tendrían algún peso específico para los oaxaqueños, son ocupadas por mujeres pero sus decisiones deben pasar por otras dependencias y la anuencia del gobernador. Decir lo contrario es maquillar la realidad o realizar propaganda política.

Quizá ya superamos la prueba de la cantidad, ahora transitemos hacia la calidad y poder de decisión de las mujeres