Por Yuriria Sierra
En tres semanas, México jugará a la democracia participativa. Quienes así lo decidan, votarán, dicen, por si se ejerce acción penal contra exfuncionarios, sobre todo expresidentes, los cinco vivos de nuestro país. Es un decir, por supuesto, porque la ley ya contempla protocolos que no están sujetos a consulta. En los últimos años la esfera política mexicana ha sido más una pista circense, más que en otras ocasiones, aunque nos digan que son distintos quienes ahora gobiernan.
Ayer, la noticia nos sorprendió al mediodía: Ildefonso Guajardo, secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue vinculado a proceso acusado de enriquecimiento ilícito. Es el quinto de los funcionarios de la administración pasada que ha sido utilizado como un “as bajo la manga” que rápido se pierde, porque, más allá del titular y de la ficha informativa escandalosa que abona al discurso de la lucha contra la corrupción, en el futuro de esta investigación luce la congeladora. Antecedentes hay para creer que será así.
A Luis Videgaray lo inhabilitaron 10 años para ejercer cargos públicos, a pesar de que jamás mostraron información detallada de las supuestas irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública y que habrían motivado esta sanción. Al final, su “expediente” tuvo claros y únicos fines mediáticos. La frase de que “a la 4T la mueve el combate a la corrupción”.
A Emilio Lozoya no lo hemos visto poniendo un pie en nuestro país. Desde su extradición de España, sólo nos hemos enterado de su salud y de sus posibilidades de convertirse en un testigo colaborador, pero los polos parecen descongelarse con mayor velocidad que su expediente, en el que se anotan acusaciones de lavado de dinero, cohecho y fraude.
Rosario Robles es la única que ha padecido la fuerza de la justicia cuatrotera, aunque en su caso la justicia está más enfocada a la humillación pública y exhibición del músculo político de los morenistas contra sus adversarios. La venganza más obvia contra quien alguna vez fue su compañera de discurso.
Y es larga la lista de figuras identificadas con la mafia en el poder, que están en el blanco de las investigaciones del gobierno actual. Y seguirán apareciendo así, al ritmo en que los actuales residentes de Palacio Nacional deban lavar sus manos, la manera más pronta, no sabemos si exitosa, para desmarcarse de la clase política a la que juran no pertenecer: un secretario de Estado con la mira en el legislativo es vinculado a proceso apenas horas después de que un integrante de la familia presidencial fue evidenciado recibiendo el que, dijeron, sólo fue un préstamo. ¿Quién será el próximo blanco?, en el próximo capítulo de los hermanos incómodos lo sabremos, vía una vinculación o una consulta ciudadana…
ADDENDUM
Aquí le conté ayer de la emergencia climática y sus consecuencias. Más allá de las fotos y las cumbres, los efectos que vivimos todos. En esta ocasión, ciudadanos en el Estado de México, en el municipio Villa de Allende. Las autoridades respondieron: “La Conagua lleva a cabo acciones para asegurar el abasto de agua potable en la comunidad de San Cayetano (…) Acordó con los pobladores abastecerles de agua potable mediante pipas, en tanto se reestablecen las condiciones óptimas en los cuerpos de agua que resultaron afectados (…) La Conagua desarrollará el proyecto para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en dicha comunidad, que resolverá de forma definitiva y segura la demanda de agua potable de la población…”.
