Siempre hemos pensado que las comisiones o defensorías de los derechos humanos o defienden delincuentes o validan excesos y atropellos. En su radio de acción no figura la defensa de los derechos civiles. Durante toda la semana anterior, la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), con sede en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), se cebó materialmente en contra de la ciudadanía de la capital. Los bloqueos fueron cotidianos. Marchas que terminaban en cierre de calles y avenidas. Pasajeros que con toda impunidad eran bajados de los camiones por sujetos encapuchados, para abordarlos y dirigirse tanto a la caseta de cobro de Huitzo a atracar automovilistas, como a ocuparlos para cerrar calles y avenidas. Esta situación creó una psicosis colectiva, de tal manera que quien salía de su casa lo hacía con el temor de quedar atrapado en alguna calle. Amparados en la impunidad que se les ha otorgado desde aquel triste 26 de septiembre de 2014, cuando se dio el affaireAyotzinapa, vándalos, hombres y mujeres, hicieron de las suyas sin considerar las afectaciones a los derechos del resto de la sociedad.
Mientras ello ocurría en la capital, el “honorable” comité estudiantil de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), con sede en Ciudad Ixtepec, hacía lo propio con la población istmeña. El miércoles 27 de febrero, dicho comité emitió un comunicado para cerrar el crucero conocido como “El Caracol”, es decir obstaculizar la circulación de y hacia la ciudad de Oaxaca, y la vía hacia Chiapas, Veracruz, Ciudad de México y todo el Sureste, así como hacia Huatulco y Guerrero. Esto es, con toda la perversidad conocida, ahorcar la circulación. El bloqueo carretero se levantó 36 horas después de haber sido instalado. La crispación social fue evidente. Y ante la amenaza de tomar autobuses urbano el viernes primero de marzo, en la capital oaxaqueña, por primera vez, la Policía Estatal montó un operativo de disuasión y prevención en la Calzada San Felipe del Agua. De inmediato empezaron las quejas de una represión inexistente, que los medios pudieron testificar. No obstante, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), envió visitadores para que validaran loa abusos y la impunidad de los normalistas e inhibieran la acción de las fuerzas del orden. Así las cosas. La visión convenenciera y torcida de lo que algunos llaman, derechos humanos o garantías individuales.
Vivales timan a municipios
En la entrevista colectiva que en EL IMPARCIAL. El mejor diario de Oaxaca se le hizo a la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Isabel Vásquez Colmenares, el pasado jueves 28 de febrero, se hizo una denuncia: hay organizaciones y empresas, operadas por vivales, que han timado a presidentes municipales con el ardid de que les bajarán recursos de la Federación, sobre todo del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), por lo que en boletín de prensa hizo un llamado a las autoridades municipales para no dejarse sorprender por supuestos gestores, quienes a nombre de la SMO realizan actos irregulares para la obtención de recursos federales a los municipios. Es más, exhortó a los y las ediles a realizar las denuncias pertinentes ante los respectivos órganos de control. Subrayó que en las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), las directoras son las únicas personas autorizadas para realizar en los portales del Gobierno Federal, los procesos de registro y el seguimiento necesario de los proyectos hasta su conclusión y obtención de recursos. Expuso casos en donde la plataforma de dicha institución ha detectado operaciones irregulares, por lo que se habrán de bloquear los accesos de dichos falsos promotores.
Hay que recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha sido muy específico para estas situaciones, al señalar que en los apoyos que otorgará la Federación no habrá intermediarios, por lo que el trabajo de esos falsos gestores está condenado al fracaso. Lo grave es que dichos farsantes operan con identificaciones falsas de la SMO, cometiendo con ello un delito grave, calificado como usurpación de funciones. La portada de nuestro diario el pasado jueves tuvo como objeto informar a la opinión pública sobre esta situación, pero además, para alertar a los presidentes municipales sobre esta situación irregular. Es evidente que dichas y supuestas gestiones no se llevan a cabo con fines altruistas sino para cobrarles a los beneficiarios un porcentaje que va del 20 al 30 por ciento de los recursos logrados. Todo ello conlleva un manejo irregular e irregular, pero además, hecho con elementos que deben ser castigados por la ley, como es el caso de la falsa identidad laboral de quienes se asumen como gestores. Las luces de alerta encendidas por Vásquez Colmenares deben servir a ediles y servidores públicos que, conforme a las reglas del antiguo régimen, siguen con la vieja bandera de “bajar recursos”.
