Violaciones graves generalizadas de derechos humanos
La situación que prevalece en varias entidades de la República de inseguridad sigue incrementándose y no solo en el número de homicidios, sino también en secuestros, desapariciones, feminicidios, todos atribuidos a las políticas implementadas sobre ese rubro por los denominados periodos de gobiernos neoliberales que, se asegura por el actual no atacaron las causas de ese crecimiento, cuestión imputada, desde el inicio de este periodo presidencial hasta la fecha.
Hago referencia a esta trama, porque en ella están involucradas los cárteles de la droga y otras actividades que, en su evolución, ahora se manejan empresarialmente con una estructura semejante a lo público, con mandos que deciden, fuerza armada y operativa; que eligen a servidores públicos, en cualquiera de los tres niveles de gobierno, de manera patente o, con el manto del disimulo oficial, mediante recursos, como se pregona que ha ocurrido, en algunos procesos electorales. En analogía, con la praxis política oficial, son el dedo que señala, define y apoya para un cargo público en su región.
Este fenómeno se ha dado y persiste en la actualidad, sean gobiernos neoliberales o no, con declaración de guerra o con besos y abrazos y no balazos, persisten y continúan sus operaciones que adecúan a las políticas públicas dominantes en cada gobierno y conforme a ello, algunos adquieren mayor relevancia en cada ciclo presidencial, de gobernadores o municipios, según su importancia. Se habla en algunos casos de acuerdos ocultos y discretos entre autoridades y esas organizaciones o actos que inducen a ello, como el saludo a la mamá del Chapo Guzmán y la libertad de su hijo.
Hoy vemos que, además de que siguen operando, la cuestión es que la población también está siendo afectada de manera generalizada y grave con la pérdida incrementada de vidas en que sin distinción se agrede a una familia desde el padre, la madre sus hijos mayores o menores y mujeres y ello ocurre día a día y se acentúa en feminicidios, cuestión ésta que parece incontrolable, mientras que el brazo de la procuración y administración de justicia, intensifica su labor en desbrozar la ruta de los intereses políticos del gobierno en turno en lo federal o en los estados y partidos, mostrando que para eso sirve la violencia legal que ahí se aplica con intensidad y eficiencia.
Esta Omisión derivada de la estrategia en seguridad pública ha fallado y constituye una violación grave y generalizada de Derechos Humanos por insuficiencia en ese rubro del Gobierno Federal, Estado y Municipios.
Se manifiesta como una deficiencia oficial tiene que ver con la seguridad pública que, en el caso Oaxaca del 2006 y 2007, investigó la Suprema Corte en la que precisó que esta es “(…) una facultad concurrente entre los tres órdenes de gobierno, ya que las autoridades estatales tienen la posibilidad y el deber de realizar la función pública en todo el Estado, al tiempo que las autoridades municipales en sus respectivos municipios, mientras que la Federación tiene la posibilidad y el deber de hacerlo en todo el país al tiempo que actúen también las autoridades estatales y municipales.”
Los lineamientos que fijó la Suprema Corte en materia de Derechos Humanos, su garantía, protección y tutela, persisten, vigorizados por la reforma Constitucional del 6 de octubre de 2011 y, a semejanza de los hechos ocurridos en Oaxaca, se hace vigente la función de lo que implica la seguridad pública, para lo cual se implementó la denominada Guardia Nacional militarizada, misma que hasta la fecha no ha podido disminuir la delincuencia organizada o común.
Los recientes hechos que han motivado una fuerte crítica a la política desplegada en las fuerzas operativas militarizadas de besos y abrazos y no balazos, en su quehacer práctico, se patentiza con la difusión imágenes en que se ve al ejército rodeado e incluso desarmado por delincuentes o ciudadanos molestos, cuestión que denigra a esa corporación e incentiva la actividad violenta de la delincuencia. La denigra porqué su función es defender la soberanía del país, la fuerza de una nación, no de perseguir delincuentes y abrazarlos.
Esa función de la seguridad pública de fuerza legal debe ser desplegada por el cuerpo civil no militarizado, la Guardia Nacional y las policías, sujetas y preparadas con protocolos diversos a los de las fuerzas armadas que tienen otra disciplina de mandos y actuación disímiles; en dichos protocolos de seguridad pública y uso de la fuerza, se regula la actuación de estas fuerzas civiles que comprende el diálogo, besos y abrazos y, cuando estos no inhiben los actos sociales, qué tipo de violencia desplegar e instrumentos para hacerlo.
El tema de los jesuitas detonó la contradicción entre las políticas públicas en seguridad, al mezclar el agua y el aceite, seguridad pública, fuerza civil, con seguridad nacional, fuerzas armadas, el aceite. Por ello no da resultado una política unilateral y con un enfoque restrictivo de la seguridad pública que impone su necesaria revisión para hacer cesar la actualizada violación grave y generalizada de los derechos a la una vida tranquila y de paz, de tránsito y auxilio oportuno de fuerza pública civil, que así se los garantice los habitantes de México.
El gobernador electo ingeniero Salomón Jara tiene un gran reto: ocuparse de este compromiso, con una visión amplia de la seguridad pública que abarque, procuración y administración de justicia, mediante la designación de personas que estén identificadas con Oaxaca, y reúnan el perfil adecuado en seguridad que no deben tener afanes políticos ajenos a esa función.
Será necesario ampliar este tema con algunos hechos relevantes sobre responsabilidad, por omisión en seguridad pública, sus causas y autoridades relacionadas con la investigación de la Suprema Corte en Oaxaca en el 2006 que, evidenciarían, la necesidad imperante de colmar esta función en nuestra entidad.
