Democracia degradada
El pasado 10 de febrero el grupo británico The Economist dio a conocer su Índice de la Democracia, donde México retrocede al ubicarse en el lugar 86, de un total de 167 naciones analizadas, con una calificación de 5.57, en una escala de 10. Esta calificación coloca a México como un régimen híbrido.
Un régimen híbrido es un sistema político que mezcla características de democracia y autoritarismo. Esta categoría se usa para definir regímenes que no se clasifican como democracias plenas, pero tampoco como dictaduras.
Algunos de los rasgos que contribuyeron para que se le otorgara esta calificación a México fue: el continuo esfuerzo del Ejecutivo Federal por concentrar poder, los ataques que lanza en contra de la prensa y la intolerancia de su gobierno con sus críticos, incluyendo aliados.
Si bien esta calificación es el resultado de la evaluación del 2021, en lo que va de este año 2022 la situación se ha complicado más.
En lo que va del año se han asesinado en México a 6 periodistas. Lo cual ha ocasionado diversas protestas del gremio periodístico, tanto en la Cámara de Diputado, de Senadores, así como en las “mañaneras” del presidente. En Oaxaca también se realizaron protestas de periodistas y reporteros. El lunes 14 de febrero, un mitin en la explanada de Santo Domingo de Guzmán, y el día 18 de febrero realizaron una marcha por diversas calles de esta ciudad.
La actividad periodística por naturaleza es crítica del poder. Los señalamientos del presidente en las mañaneras contra periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola entre otros, promueven un clima “linchamiento” que no abonan en nada para crear un ambiente seguro para ellos.
El periodista Carlos Loret de Mola después de haber dado a conocer la llamada Casa Gris del hijo del presidente ha sido objeto de un sin número de ataques por parte del titular del ejecutivo, pero sin desmentir o dar una respuesta clara sobre lo publicado por el periodista. El ataque a Loret de Mola llegó al grado de exhibir en las mañaneras los ingresos del periodista, incluso de solicitar al Inai que dé a conocer sus ingresos, lo que a todas luces violenta la ley.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) rechazó el miércoles pasado la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar los bienes y el origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola y de su familia.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, señaló que el organismo autónomo no cuenta con las facultades constitucionales ni legales para hacer las investigaciones que solicitó el presidente, por lo que le recomendó hacer la solicitud a otras dependencias. En una sociedad democrática, no es el poder quien regula la actividad periodística. El periodismo se regula con periodismo.
El INAI, el INE, la Cofece y otros órganos autónomos se encuentran en la mira. Todas estas instituciones autónomas representan contrapesos al poder.
Si bien es cierto, que el actual presidente cuenta con amplio respaldo electoral, también es cierto que ha utilizado este hecho como escudo para actuar discrecionalmente y como instrumento de venganza política, sin considerar el marco legal o dándole una interpretación subjetiva a modo.
La Cámara de Diputados aprobó el martes pasado una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nuevas atribuciones, como poder bloquear cuentas bancarias sin previa resolución judicial. Esta noticia es preocupante porque durante estos cuatro años hemos visto cómo la UIF se ha utilizado como un aparato represor e intimidatorio por parte del presidente en contra de opositores políticos vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia.
El presidente peligrosamente advirtió que quienes hacen campaña en contra del proyecto de transformación podrían ser acusados hasta de traición a la patria. En el Senado, la bancada de Morena temerariamente declaró que: “El presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo; los opositores al presidente, por consiguiente, buscan detener los avances para darle al pueblo de México un futuro más digno”, dijeron.
Resulta pues, muy riesgoso para las libertades que el titular del ejecutivo concentre tanto poder y peor que lo use para reprimir o como medio de venganza contra sus críticos y enemigos políticos.
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“El actual presidente cuenta con amplio respaldo electoral, también es cierto que ha utilizado este hecho como escudo para actuar discrecionalmente”.
