Desde hace poco más de dos semanas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado el tema del regreso a clases como una tarea cotidiana. Dicha medida ha sido tomada con celeridad en la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de la cuestionada carta-compromiso que el mismo jefe del Ejecutivo federal desestimó y calificó como remanente de los conservadores y neoliberales, pero que en los estados de la República, ha sido tomada con reservas. Hay un convencimiento generalizado de que las condiciones no son las mejores, ante los estragos que ha hecho la tercera ola de Covid-19, sobre todo su modalidad denominada “Delta”, entre los mexicanos. Oaxaca no se escapa a este panorama letal. Los contagios y decesos no nos han dado tregua.
Bajo esta premisa, ¿cómo garantizar la seguridad de alumnos y maestros, a sabiendas de los graves rezagos que existen en los edificios escolares de nuestra entidad, no obstante, cumplir con los protocolos de prevención sanitaria? Según información periodística, existe un sentir generalizado entre padres y madres de familia en no exponer a sus hijos (as) ante riesgos graves de contagio, de manera innecesaria. En el sistema educativo oficial, la Sección 22 del SNTE ha fijado ya su postura: el no regreso a clases presenciales hasta en tanto exista ya una vacunación generalizada. Y argumentan que cientos de sus compañeros maestros, incluso ya vacunados, han sucumbido en esta tercera ola. No es un ardid que los contagios y decesos han enlutado cerca de 4 mil 500 hogares oaxaqueños y que existe una estructura hospitalaria colapsada ante el crecimiento de pacientes.
No le hace falta razón al presidente de México en el sentido de que la educación es un factor prioritario. Desde luego que lo es. Pero lo es más la vida de quienes participan en el proceso educativo. Y no se trata sólo de la seguridad que se pudiera otorgar en el interior de los edificios escolares, sino los riesgos que correrán padres, madres y alumnos, en su traslado a los mismos; en su convivencia cotidiana; en los espacios saturados que a veces representan los salones de clase. Tal parece pues, que el referido regreso a clases presenciales, obedeciera a un capricho personal de quien manda en el país y no en el análisis de la realidad nacional. En Oaxaca, la experiencia de esta tercera ola ha sido preocupante, dramática y dolorosa.
¿Cuál austeridad?
Luego del informe que presentara hace dos semanas el titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, ha quedado claro que, no obstante, los avances que se han tenido en la actual administración para el pago de una deuda millonaria que recibió a fines de 2016, aunada a los empréstitos autorizados al ejecutivo en los últimos tres años, para hacer frente a contingencias o necesidades, quedará un remanente que seguirá sobre las espaldas de los oaxaqueños. Es decir, los adeudos que quedarán para el mediano y largo plazo, una vez cerrado este gobierno, se estiman en más de 18 mil millones de pesos. Un ejemplo es: de los 4 mil 800 millones de pesos que el gobierno estatal adeuda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el edificio del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, sólo se saldó una parte de la deuda. Quedan pendientes aún, al menos 4 mil millones.
Sin embargo “hay quienes ven el temblor y no se hincan”, como reza un viejo refrán popular. Y son nuestros representantes populares acreditados en la LXIV Legislatura del Estado, quienes no han hecho eco de esta situación. A lo largo de su gestión, que termina en el mes de noviembre, diputados y diputadas han erogado una cifra mayor a los 2 mil millones de pesos. Lo grave es que quieren más. Según lo publicamos en las páginas de El Mejor diario de Oaxaca hace sólo unos días, el presupuesto destinado para este ejercicio ya lo vaciaron. Y con la potestad que les da su cargo, pretenden autorizarse nuevas ampliaciones presupuestales. Esto es, de la austeridad que, al llegar al cargo, pregonaban algunas diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ni sus luces. Hoy, no se darán un tiro en el pie. Muchos saldrán a engrosar la fría banca del desempleo y andan desesperados por cuajar lo que caiga, sea dinero u obras qué explotar.
Si la carga que implica el recorte presupuestal que realizó el gobierno federal, a lo que Oaxaca ya tenía presupuestado, que representan algo así como 1 mil 500 millones de pesos, significará mayores sacrificios para municipios, programas gubernamentales destinados a sectores económicos desfavorecidos, es una total incongruencia que los y las diputada estén exigiendo ampliaciones presupuestales sólo para engordar a una casta ociosa, onerosa e improductiva. A ello hay que agregar que su voracidad no tiene límites.
