Faltan tres años, un mes y ocho días, para que legalmente concluya el mandato del poder ejecutivo, electo en 2018 por un procedimiento democrático indisputable. Los mexicanos estamos acostumbrados a los sexenios presidenciales ininterrumpidos desde 1934. No hemos sabido de intermitencias por cualquier motivo, a pesar de que hemos padecido sexenios funestos en lo económico, especialmente entre 1970 y 1982, cuando hubiéramos votado prontamente por la destitución de dos mandatarios que propiciaron el derrumbe económico y monetario. Hasta mediados de la última década del siglo XX, la secuencia electoral obedecía a la voluntad presidencial y aunque se hayan alegado fraudes en 1940 y en 1952, la vida política mantenía un curso continuo y hasta parecíamos una democracia ejemplar en tanto sucedían golpes de Estado y dictaduras al sur del continente americano.
Hoy en día, subsiste sin duda en gran parte de la ciudadanía, una gran inconformidad con la forma en que se está ejerciendo el mando, caracterizado por el voluntarismo personal, la carencia de proyectos productivos, el reparto mal calculado de estipendios a diversos grupos, la polarización de la sociedad, el tono altamente agresivo a quienes no simpatizan con el régimen, ataques a los medios de información y a los comunicadores, una errónea política exterior, desconocimiento elemental de la administración pública, intentos de violación constante a las leyes, carencia de un plan nacional de desarrollo, dispendio en tres grandes obras sin proyección económica segura, favoritismo a familiares y amistades, peligroso descuido en la seguridad pública; aumento de homicidios y feminicidios; no se ha detenido en esta administración, a ningún capo del crimen organizado o el narcotráfico: por el contrario, se liberó a uno de ellos cuando ya estaba capturado y hasta hay simpatía con familiares; las conferencias diarias no dejan de ser farsas llenas de incorrecciones en la forma y en el fondo; el equipo o gabinete carece de facultades y debe mantener obediencia ciega a cualquier dictado; a las fuerzas armadas se le están cediendo espacios de control y mando que deben corresponder al orden civil; el manejo de la pandemia ha sido errático y en manos de un protagónico funcionario; el sector de salud pública está en descuido y no se apoya a pacientes delicados como niños con cáncer; la insistencia en poseer “otros datos” es ejemplo de desconocimiento e incongruencia en el más alto cargo gubernamental y un desprecio hacia la objetividad que presentan instituciones reconocidas; se han eliminado fideicomisos públicos de importancia sin que sus funciones sean reemplazadas, entre muchas otras acciones que han degradado la función de gobierno.
El despiadado ataque al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial parecen más un empeño en acabar con la democracia que fortalecerla con otra “consulta a expertos y al pueblo”.
Pero la agenda gubernamental tiene otras prioridades, una de ellas que se legisle la revocación del mandato presidencial, con una urgencia inexplicable cuando el interés nacional no está puesto en un proceso que costará casi cuatro mil millones de pesos, a sabiendas de que se trata de un nuevo ejercicio de campaña política para reafirmar la popularidad del presidente entre quienes reciben donaciones. Las cosas indican que la revocación será más una evocación a la permanencia en campaña política y otro elemento distractor ante el cúmulo de necesidades reales de la población, como el empleo, la inversión pública, la aplicación de vacunas contra Covid19, la mejora en salud, la mejora en educación ya muy decaída y sin control.
La revocación no resolverá los problemas, sería un problema en sí misma y una sucesión sería totalmente a modo, para mantener el control atrás del escenario político, asegurando la continuidad del desatino y desacierto que ya prevalecen.
ENTRETEXTO
“El despiadado ataque al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial parecen más un empeño en acabar con la democracia que fortalecerla”
