Ante las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales que imperan en el país, tiene que haber una profunda reflexión de cómo podemos hacer una reforma para el campo que permita una distribución más justa de los ingresos, destacó Rubén Dehesa Ulloa.
El expresidente de la Sociedad Agronómica en el Estado resaltó que el campo mexicano presenta problemas diferentes a los del siglo pasado como son migración, baja productividad y una desintegración del sector social, así como el desmantelamiento de muchas instituciones que antes lo apoyaban.
De ahí que ante un nuevo escenario, urge apoyar de manera decidida a estos núcleos organizados en ejidos y comunidades, para que puedan aprovechar de manera óptima, racional y sustentable, los recursos naturales con los que cuentan.
Esto facilitaría que nuestro México pudiera garantizar la soberanía alimentaria del país, generar el empleo que las familias campesinas requieren y garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.
Apuntó que como toda ley, se debe actualizar para responder a las necesidades de los hombres y mujeres del campo y atender problemas que están latentes, como el de la delincuencia organizada, que nos es otra cosa más que gente que se ha ido a ese extremo por falta de oportunidades en el campo, por falta de ingresos, porque no ha tenido la oportunidad de tener éxito en su proyecto de vida.
La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue la primera respuesta institucional a las demandas campesinas que dieron origen al gran movimiento social de 1910.
Se reconoció así la necesidad de devolver a los pueblos las tierras, los montes y aguas de que habían sido despojados so pretexto de cumplir con la Ley de Desamortización de Bienes Pertenecientes a las Corporaciones Civiles y Religiosas, expedida en 1856.
Sin embargo, indicó que se necesita una nueva Ley Agraria para dar certeza jurídica a los ejidatarios y a sus familias sobre la tenencia de la tierra y evitar su venta a particulares que las destinan a desarrollos inmobiliarios.
Además, incentivar a los campesinos para producir alimentos y garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos.
Necesitamos reconfigurar los derechos de la familia en el campo ya que tenemos un 80 por ciento de la población rural que están sumidos en el abandono, la pobreza y la marginación, puntualizó.
