Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han servido para que tanto personas afectadas de San Juan Copala como personas que no vivieron el conflicto obtengan beneficios, aseguró el director de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar.
El funcionario federal aseguró que al atender la crisis de los desplazados de Copala ha habido falta de acción eficaz por parte del gobierno estatal y las medidas de la CIDH han generado incertidumbre en el proceso.
“En el caso específico de San Juan Copala, aún no se tiene con certeza quiénes son los beneficiarios de las medidas y bajo la figura de desplazados todo cabe, hasta personas que están en tránsito y que no vivieron el conflicto en su momento. De pronto la medida se vuelve ineficaz o se puede abusar; es una situación que no se ha evaluado bien por parte de la CIDH”, apuntó en entrevista con EL IMPARCIAL.
Ante ello, consideró que las medidas deben reorientarse con miras a darle una solución definitiva y de largo plazo.
“No generar un estado de excepción, porque las medidas cautelares son preventivas, temporales, en lo que se regresa a un estado de normalidad, pero de pronto parece que el estado de excepción se vuelve regla general, aprovechado por no tener una evaluación continua. Ahí la deficiencia rebasa el ámbito del Estado mexicano”, puntualizó.
El pasado 31 de Marzo El Mejor Diario de Oaxaca dio a conocer que el gobierno de Oaxaca analiza solicitar a la Corte Interamericana el retiro de las medidas cautelares a los desplazados de San Juan Copala al considerar que la petición del órgano internacional han sido cumplidas.
En el proceso de respuesta al Estado, los desplazados triquis se han quedado incluso sin el respaldo de dos de las organizaciones de derechos humanos que solicitaron las medidas a la CIDH, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Carrasco Briseño.
“El fondo que originó la medida no se resolvió, pese a que se tenía los recursos para hacerlo. La necesidad de la gente veía como opción el recibir. Ahora ya están muy divididos y con muchos intereses”, señala Nora Martínez Lázaro, coordinadora de la ONG.
Falta voluntad
El Gobierno del Estado carece de normatividad y procedimientos para solucionar de fondo el conflicto en la zona triqui de San Juan Copala.
Las autoridades gubernamentales, tanto del sexenio de Gabino Cué Monteagudo como del actual que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, han mostrado incapacidad para solucionar este conflicto por el que se han erogado más de 60 millones de pesos en la entrega de despensas, apoyos en educación y salud, así como en la entrega de terrenos.
Los apoyos entregados por las autoridades gubernamentales generaron división de los desplazados y pronto surgieron cuatro grupos.
A nueve años de distancia, diferentes sectores de la sociedad coincidieron en que el problema no fue atendido de manera inmediata y por ello se carece de solución.
Aguilar recuerda que a nivel federal la entidad encargada de atender a los pueblos indígenas –antes la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy el INPI– carecen de facultades específicas para intervenir en la problemática del desplazamiento forzado interno.
Sin embargo, dijo, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, dijo que durante su presencia en la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), conocieron de la situación que prevaleció en aquellos años sobre el conflicto en San Juan Copala.
El funcionario reconoció la ausencia de “una normatividad específica que ayude a conducir este tipo de conflictos, donde no se han buscado las condiciones idóneas para el regreso de los desplazados, ni una institucionalidad adecuada.
“Cuando no es posible el retorno, se debe pensar en medidas de mitigación o alternas, como la reubicación de los desplazados en lugares que reúna las condiciones para ello”, explicó.
Afirmó que en el nuevo INPI se busca obtener un marco de atribuciones legales y de una orientación de la política pública para atender este problema.
“Hay ausencia de solución del problema de fondo y lo que propician los desplazamientos. No se atiende la causa que genera el problema y se revictimiza a las personas, o estas entran en un círculo vicioso que es aprovechado en algunos casos por los desplazados. De pronto son desplazados, pero parece que es más conveniente seguir siéndolo a retornar a sus comunidades de origen”, expuso.
Afirmó que en breve autoridades del INPI buscarán comunicación con el Gobierno del Estado, a fin de fungir como coadyuvantes, tal como ya lo han hecho en conflictos de otros estados.
Sobre las medidas cautelares en los desplazados triquis, apuntó que ésta es una figura noble que busca resolver situaciones de emergencia, “pero frente a conflictos que se han prolongado casi un década o más, invariablemente hay nuevas circunstancias y condiciones”.
Consideró que las medidas deben reorientarse con miras a una solución definitiva y de largo plazo.
DDHPO, al margen
Por su parte, el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos, aseguró que este organismo estatal se ha mantenido al margen de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, cuya competencia directa es del Gobierno del Estado por medio de la Secretaría General de Gobierno.
“La DDHPO poco ha intervenido, solo han canalizado algunas peticiones, como el acceso a la educación, salud y algunas quejas que nos han llegado de los desplazados, como la tardanza en la entrega de despensas en algunas ocasiones”, señaló.
Al reconocer que las medidas cautelares son provisionales y el que decide si se retiran o no son los miembros de la CIDH, el visitador general señaló que los gobiernos federal y estatal deben justificar que han cumplido y solicitar el retiro, de considerarlo necesario.
Se perdió el objetivo de las medidas cautelares
Las cuatro organizaciones civiles que intervinieron en la petición de medidas cautelares ante la CIDH en 2010, son el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y el autonombrado municipio autónomo de San Juan Copala.
De estas, las dos primeras decidieron retirarse de la petición 8 meses después, al considerar que el objetivo que se había perseguido desde el principio (la disminución de la violencia y el regreso de los desplazados a su comunidad), se había alejado de las propuestas.
Nora Martínez Lázaro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, recordó que en 2010 hubo mucho interés de las instituciones y se avanzó “bien” durante 8 meses. Pero en abril de 2011, las dos primeras organizaciones decidieron salir y enviar un escrito a la CIDH, donde aseguraban que dejaban la petición de la medida cautelar y se mantenían al margen.
Martínez Lázaro admitió que no hubo voluntad de atender el origen de las medidas cautelares. Para solucionarlo dieron dinero, pero complicó aún más el conflicto y los desplazados se fueron dividiendo.
“El fondo que originó la medida no se resolvió, pese a que se tenían los recursos para hacerlo. La necesidad de la gente veía como opción el recibir. Ahora ya están muy divididos y con muchos intereses”, explicó, luego de señalar que los funcionarios le apostaron a la división y lo lograron.
Consideró importante llevar a cabo un análisis de la situación actual y ver si existen las condiciones de retorno de los desplazados triquis, al reconocer que ya ha pasado tiempo y no se han visto avances.
Mientras, militantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, una de las organizaciones que solo asesora a uno de los grupos de desplazados encabezados por Braulio Hernández, en atención a la medida cautelar, afirmaron que no hay avances de solución para que los desplazados puedan regresar a San Juan Copala.
