La muerte de un menor dentro de una cisterna en la Casa del Niño Indígena de San Miguel Huautla, ocurrida en junio de 2023, volvió al centro de la discusión pública tras la emisión de una recomendación oficial de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que documenta omisiones graves en su cuidado. El pronunciamiento llega casi tres años después de los hechos, lo que abre cuestionamientos sobre la tardanza en la respuesta institucional.
UNA MUERTE QUE PUDO EVITARSE
El caso se remonta al 1 de junio de 2023, cuando un niño desapareció dentro del albergue y horas más tarde fue encontrado sin vida dentro de una cisterna.
Según el testimonio de los padres, incluido en la investigación:
“Al buscar a su hijo… les informaron que no lo habían visto; sin embargo, horas más tarde… les comunicaron que habían encontrado a su hijo ahogado”.
La secuencia revela no solo la ausencia de vigilancia inmediata, sino también una reacción tardía ante la desaparición.
FALLAS EN SUPERVISIÓN Y CONTROL
La investigación documentó una serie de irregularidades estructurales y operativas. Entre ellas, la falta de personal suficiente para atender a los menores:
“No existía personal suficiente… quedando la población bajo responsabilidad de una sola persona”.
Además, se evidenció la inexistencia de controles básicos:
“Las salidas y entradas… no quedaban asentadas en un pase de lista o libro de control”.
Estas condiciones impidieron detectar a tiempo la ausencia del menor.
TAREAS DE RIESGO Y OMISIONES
Uno de los hallazgos más graves señala que los propios menores eran expuestos a actividades peligrosas:
“Se instruyó a personas menores de edad a realizar tareas… en cisternas que carecían de medidas de seguridad”.
A esto se suma que, tras perder de vista al niño, no se activó de inmediato ningún protocolo de búsqueda:
“Transcurrió un periodo prolongado… sin advertir la ausencia ni activar una respuesta institucional”.
RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN
La recomendación plantea acciones como la reparación integral del daño, compensación económica y atención psicológica a la familia. También solicita iniciar procedimientos administrativos contra servidores públicos involucrados en la omisión del deber de cuidado.
Entre las medidas destaca un reconocimiento público de responsabilidad y la implementación de cambios estructurales para evitar que hechos similares se repitan.
RETRASO QUE GENERA CRÍTICA
El tiempo transcurrido entre el hecho y la recomendación —casi tres años— se convierte en uno de los puntos más cuestionados. Aunque el documento reconoce violaciones a derechos fundamentales, la demora pone en duda la capacidad de respuesta oportuna en casos que involucran a menores.
El propio pronunciamiento advierte:
“Las autoridades desempeñan un papel garante… especialmente en la custodia de niñas, niños y adolescentes”.
UN CASO QUE EXPONE FALLAS SISTÉMICAS
Más allá del caso individual, lo ocurrido en San Miguel Huautla evidencia problemas estructurales en espacios destinados al resguardo de menores: falta de personal, ausencia de protocolos y condiciones inseguras.
La muerte del niño no solo deja una pérdida irreparable, sino también una señal clara de las consecuencias de la negligencia institucional.
