Aún y cuando su práctica es visible en el campo y se observa el constante circular de camiones troceros, en Oaxaca no hay datos oficiales sobre la tala ilegal que padecen sus bosques.
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), el 30 por ciento del volumen de madera que se comercializa en el país es producto de la tala clandestina, mientras, diversas organizaciones de la sociedad civil señalan que por cada metro cúbico legal, se extrae otro metro de manera ilegal en México.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala la costosa y excesiva regulación forestal como una de las causas de la tala ilegal, ya que los productores que respetan el Estado de Derecho y la legalidad deben cumplir con numerosos requisitos federales.
Las actividades ilícitas más frecuentes en el sector forestal de nuestro país son: cambio de uso de suelo sin autorización, tala clandestina, incendios forestales, prácticas de extracción no controlada, y aprovechamiento ilegal de productos forestales no maderables.
Además de la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, los conflictos de linderos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como la fragilidad del estado de derecho y las acciones del crimen organizado, agravan el proceso de degradación y fragmentación de los ecosistemas forestales, expone el análisis.
Crimen con las manos metidas
César Suárez Ortiz, investigador egresado de la UNAM, explica que uno de los principales actores que se han posicionado como responsables de la tala ilegal en México es la delincuencia organizada, cita el estudio de la CEDRSSA.
Precisa que “los grupos del crimen organizado han diversificado sus fuentes de ingreso a otras actividades y, una de ellas, es la venta de madera”.
Subraya que la tala ilícita responde a una demanda nacional insatisfecha, pues de los 23.4 millones de metros cúbicos anuales que se consumen en México, en el país se producen 6.7 millones, lo cual genera que se tenga que importar madera, parte de ella también ilegal.
Un estudio que la Agencia de Investigación Ambiental (AIA) reveló la existencia de una red criminal de tráfico de madera ilegal, extraída de los bosques tropicales de la Amazonia en Perú, cuyos principales compradores son México, China y Estados Unidos.
La AIA subraya que «mientras no se apruebe y aplique una ley forestal que prohíba la entrada de madera ilegal y requiera que los importadores mexicanos lleven a cabo una debida diligencia para verificar el legal origen de los productos que importan, el flujo de madera ilegal continuará causando efectos negativos al medio ambiente y a las comunidades que dependen de los bosques”.
Cuatro regiones con presencia de tala ilegal
Según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el aprovechamiento no legal en el estado se concentra en las regiones Mixteca, Mixes, Sierra Sur e incluso en la cordillera poniente de los Valles Centrales.
El organismo federal destaca que se tienen unas 50 mil hectáreas en supervisión y valoración para que mediante la gobernanza comunitaria accedan a la certificación de sus bosques con un manejo integral y tener un aprovechamiento sustentable.
En donde, las empresas certificadas pueden aprovechar anualmente 324 mil 935 metros cúbicos en los predios localizados en diversas comunidades del estado de Oaxaca.
Al menos 18 mil 757 hectáreas de zona boscosa se pierden cada año en Oaxaca a causa de la deforestación, detalló Óscar Mejía Gómez, promotor de Desarrollo Forestal en Oaxaca de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
En el periodo que abarcó del 2001 al 2018, Conafor identificó una pérdida en la entidad de 337 mil 622 hectáreas, de los cuales el 67 por ciento obedece a cambio de selva a pradera es decir abarcó zonas tropicales correspondientes a 225 mil hectáreas.
Otro factor es el cambio de selvas a tierras agrícolas con el 31 por ciento y que representa 106 mil 132 hectáreas las afectadas; el tercer punto es el uno por ciento que corresponde de selva a otro tipo de tierras como desarrollo urbano.
El 23 por ciento de la zona deforestada corresponde a la sierra templada (Encino – Pino), luego zonas de montaña; el 35 por ciento corresponde a zonas cálidos-húmedos y el 42 por ciento son selvas cálidas secas.
Municipios pobres, presa fácil de traficantes
El Centro de Estudios cita a Héctor Narave Flores, catedrático e investigador de la facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, quien explica que en municipios con alto índice de marginación donde la gente busca alternativas económicas, la tala ilegal de madera se constituye en un recurso viable de subsistencia, para algunas familias.
Lamentablemente, la gente se emplea con intermediarios que lucran con la miseria y compran la madera a precios muy bajos, de tal suerte que, aunque tale diariamente, sólo obtiene lo necesario para subsistir, añade.
Subraya que las industrias que lucran con la madera extraída ilegalmente la emplean en la fabricación de tarimas y cajas para transportar verduras, de tal forma que árboles que llevan décadas creciendo se convierten en una tarima que se usa una sola vez.
Asimismo, el IMCO señala que suprimir la tala ilegal es uno de los mayores desafíos de la industria de la madera en México, sin embargo, el problema no se revolverá únicamente con un aumento en el número de dispositivos de control y elementos de justicia que lo contengan, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar el reto.
El “combate”
De acuerdo con datos de la Profepa, del 2001 al 2017, el volumen total de madera asegurada en metros cúbicos se redujo a una tasa media anual del 6.8 por ciento, al variar de 56,777 m3 en 2001 a 18,339 m3 en el 2017.
En el 2018, las inspecciones, los recorridos de vigilancia y los operativos forestales representaron el 41.6 por ciento, 20.7 por ciento y 21.4 por ciento, respectivamente, del total que llevó a cabo la dependencia en materia de recursos naturales (7,135 inspecciones, 5,061 recorridos y 938 operativos).
Considera indispensable que las autoridades combatan el problema de la tala ilegal facilitando el acceso a la legalidad y creando incentivos para quienes lo hagan, dicha labor puede iniciarse reduciendo las regulaciones, trámites y requisitos que distorsionan el mercado.
