En los últimos 10 han sido suspendidos en el país 152 clérigos del ministerio sacerdotal al ser señalados de incurrir en casos de pederastia o abuso sexual, confirmó el Consejo Episcopal Mexicano.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que en 2019 se logró detener a más de 150 personas acusadas de abuso sexual.
Existe un alto número de denuncias por agresiones sexuales, principalmente en comunidades indígenas y entre jóvenes de bachillerato.
De los más de 400 casos de violación reportados el año pasado, el 80 por ciento fueron contra mujeres, y un 20 por ciento contra menores.
En lo que respecta al abuso sexual infantil, se integraron 228 carpetas de investigación por abusos sexuales contra niños y 216 carpetas de investigación por violaciones de niños.
El 40 por ciento de los casos se ha logrado la judicialización de los casos, donde ahora se espera la sentencia de los jueces.
En el caso de los curas, resalta el de Gerardo Silvestre Hernández que recibió una sentencia de 16 años y seis meses de prisión en 2017, acusado por el delito de corrupción de menores en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, tras quedar comprobado que abusó de varios menores entre 2009 y 2010.
Fue la primera ocasión que se dictó sentencia condenatoria contra una persona que formaba parte de una asociación religiosa o de algún ministro religioso.
En 2013 fue detenido y desde entonces se encuentra recluido en el penal de Tlaxiaco, en la región Mixteca.
Tres años después, la madre de una de las víctimas del presbítero escribió una carta dirigida al Papa Francisco, en la que le pedía”justicia” para los niños y adolescentes contra quienes se cometieron esos abusos y para que hechos como éste no se repitan.
En el escrito, la mujer da cuenta del modus con el que supuestamente el sacerdote citaba a los menores y les ofrecía bebidas embriagantes para después cometer los abusos.
Otro caso fue el del sacerdote Carlos Flores, luego de que un juez le dictara una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado.
Fue internado en el penal de mediana seguridad de Miahuatlán, debido a que el juez le negó el beneficio de la libertad bajo caución al ser considerado un preso peligroso para la sociedad.
De acuerdo con el expediente 274/2016, un joven que trabajó con el clérigo fue quien presentó las denuncias y las pruebas del presunto abuso sexual.
La CEM argumentó que desconoce el paradero de los 157 sacerdotes que han sido suspendidos de 2010 a la fecha, tras ser acusados de abusar sexualmente de menores de edad, ya que una vez presentada la denuncia correspondiente, los casos son competencia de las autoridades civiles.
En 64 diócesis de las 95 que hay en el país, además de tres prelaturas, informaron que hay 101 casos de religiosos a quienes se les sigue un proceso ministerial.
El secretario general de la CEM, Alfonso Miranda, indicó que los obispos, al enterarse de un caso de abuso sexual cometido por sacerdotes, deben acudir ante la autoridad y ésta a su vez iniciar la investigación ministerial.
