Integrantes del colectivo Gabi Bici Blanca hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ejerzan su facultad de atracción y conozcan el caso de Gabriela Soto García, cuya resolución podría convertirse en un precedente para miles de víctimas de siniestros viales en México.
El llamado al Presidente Hugo Aguilar Ortiz, así como a las Ministras y Ministros que integran el pleno, recordó que el 18 de diciembre de 2020 le arrebataron la vida a Gabriela Soto en un siniestro vial mientras circulaba en bicicleta en Oaxaca.
El colectivo señaló que su familia ha recorrido todas las etapas institucionales previstas para acceder a la justicia, como denuncias, investigaciones, peritajes, audiencias, recursos y años de litigio.
“Un camino largo y complejo que refleja la experiencia de miles de familias mexicanas que, tras perder a un ser querido en hechos de tránsito, deben enfrentar procesos judiciales prolongados y profundamente desgastantes”.
Explicaron que la resolución judicial 733/2025, firmada por el juez Jahaziel Reyes López, de fecha 11/05/2026, redujo de manera significativa la reparación del daño para la familia de Gabriela, al considerar la capacidad económica de la persona sentenciada para determinar el monto correspondiente al lucro cesante, que se refiere a los ingresos, oportunidades y recursos económicos que una persona deja de generar como consecuencia de una muerte o lesión.
“Actualmente, el caso plantea una cuestión constitucional de enorme relevancia. La pregunta que surge es fundamental: ¿puede el derecho de las víctimas a una reparación integral depender de la capacidad económica del responsable?”, cuestionó el Colectivo.
Ante esta situación, se promovió la revisión del Amparo Directo 733/2025, radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, para solicitar que la SCJN ejerza su facultad de atracción dada la trascendencia constitucional y social del asunto.
Agregó que la resolución que eventualmente emita la SCJN podría orientar la actuación de jueces y tribunales en todo el país, fortaleciendo la certeza jurídica y el acceso efectivo a la justicia para miles de personas que enfrentan situaciones similares.
