El Estado no cumple en la atención a las víctimas de violencia sexual y existe un desconocimiento en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en los servicios de salud, señala el informe final de resultados de un estudio realizado por antropólogas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
La NOM 046 se refiere a los criterios para la atención y prevención de la violencia familiar y sexual contra las mujeres en el sector salud, pero no se pone en práctica ante la ignorancia o desinterés de las autoridades, directivos y trabajadores de la misma área.
El estudio titulado “La regulación sobre los derechos sexuales y reproductivos en la legislación mexicana y para conocer el grado de cumplimiento de la NOM 046. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención en Chiapas, Guerrero y Oaxaca”, reflejó que en los tres estados las autoridades competentes no responden con acciones que garanticen la atención integral prevista en casos de violencia sexual, ni en el desarrollo de estrategias de difusión de información sobre esta medida, de modo que las usuarias puedan demandar el servicio.
No cumple SSO con las metas
Mientras, al consultar a las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), estas contestaron el cuestionario proporcionado (a diferencia del Hospital Civil), donde se evidenció la existencia y conocimiento del marco normativo y los procedimientos a aplicarse en la dependencia para la atención a mujeres en situación de violencia familiar y sexual, así como de las vinculaciones existentes co dependencias gubernamentales, como el Centro de Justicia para las Mujeres y la Secretaría de la Mujer de Oaxaca.
Asimismo, se reportó haber recibido financiamiento de poco más de un millón de pesos para 2017, que se utilizó casi en su totalidad.
“Sin embargo, llama la atención la gran brecha entre metas de cobertura y metas alcanzadas por el programa, aun habiendo ejercido el presupuesto asignado; en particular en la aplicación del formato de detección, cuya meta programada para 2017 fue de más de cien mil, cuando se aplicaron menos de 17 mil instrumentos; y el número de mujeres atendidas en los servicios especializados para la atención de la violencia de género donde la meta era de más de 11 mil y se atendieron sólo mil 601 mujeres”.
Hay además, agrega el estudio, una discrepancia adicional en la información reportada entre el número de formatos aplicados y el número de tamizajes rutinarios aplicados en unidades de primer y segundo nivel de atención, donde este número bajó a 8 mil 848 en 2017. Lo anterior denota que sólo se alcanzó a lo máximo un 15% de las metas en cuanto a detección y atención de casos.
En la atención a casos de violencia sexual, los SSO declararon haber proporcionado anticoncepción de emergencia en 1735 ocasiones; “sin embargo, reconocieron que no tienen contabilizados cuántas de esas intervenciones se hicieron para mujeres que sufrieron violencia sexual, sino que se reporta el dato general 2017 para toda la población atendida. Se reporta también que no hay información desagregada para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, ni para mujeres indígenas”.
Otro de los resultados que evidenciaron a los SSO, fue que no proporcionaron información alguna con respecto a la ILE, reportando cero casos y dejando en blanco la gran mayoría de las preguntas. “Lo anterior es revelador, considerando que se trata de la instancia rectora del Sector Salud en Oaxaca y que existe una instancia específica dentro de los SSO que se encarga de la implementación del programa en contra de la violencia de género”.
Dicha situación, reflejó en el estudio que en la entidad al parecer no se ofrece la ILE en casos de embarazos por violación sexual, ni se proporciona esta atención, incumpliendo una obligación del Estado y violando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas de violencia sexual.
Investigadoras del CIESAS consideraron necesario que se incluya en los registros del sector salud datos que permitan dar seguimiento a los casos de violencia familiar y sexual, se generen mecanismos de registro que permitan detectar posibles casos de violencia sexual contra niñas, niños y mujeres en las consultas regulares, las consultas de urgencia y las acciones diversas de salud que se implementan desde los servicios de salud, para ampliar su cobertura y mejorar la protección a las víctimas de violencia sexual.
Así también, que se asegure que todas las instituciones del Sector Salud conozcan los procedimientos, lineamientos y formatos de registro que plantea la NOM-046 y los utilicen en los registros de atención.
Desconocen derechos de las víctimas de delitos sexuales
Los resultados mostraron que “los prestadores de servicios de salud comparten, con los responsables de la procuración de justicia, un amplio desconocimiento de los derechos de las víctimas de delitos sexuales, que se agrava ante la estigmatización, la resistencia a aplicar los procedimientos, la falta de claridad en los mecanismos de detección y referencia”.
Así también, “los prejuicios generalizados, que resultan en violencia institucional y la revictimización de la población usuaria. Una de las explicaciones es la falta de capacitación o de resultados de la misma”.
En el caso de Oaxaca, se consideró grave que haya falta de registros para usuarias menores de edad y menores de quince años, tanto en las cifras oficiales disponibles sobre abuso o violaciones a menores, embarazo adolescente y violencia sexual contra niñas y adolescentes, como el hecho de que el no consentimiento no es un requisito para establecer la agresión sexual en menores de 14 años, según algunos Códigos Penales.
En el estudio publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se informa que en los gobiernos locales, particularmente en el de Chiapas y Oaxaca, las autoridades estatales no respaldan actualmente el trabajo en salud sexual y reproductiva, y menos aún, la aplicación de la NOM046.
“Entre las autoridades federales y las organizaciones civiles existe también la percepción de que la aplicación efectiva de la NOM046 enfrenta resistencias institucionales en contextos en los que se declaran alertas de género las que, en general, se asumen como una mala calificación a las autoridades estatales y locales, más que como una medida para hacer aún más eficientes y operativos los mecanismos de protección”.
Ante este panorama, se considera necesario el fortalecimiento de los procedimientos de registro sistemático de la atención a víctimas de violación y violencia sexual dentro de los servicios de salud, designando a personal específico previamente capacitado para el cumplimiento de estas tareas y capacitando al personal médico y de enfermería que atiende directamente para que, en su caso, pueda proceder a un registro confiable.
Sobre los subregistros, Paola Sesia recordó que en el estudio se mostró que los SSO reportaron 1710 mujeres atendidas en 2017, de las cuales, sólo 106 fueron casos de violencia sexual. De estos, 685 fueron denunciados ante instancias de justicia y “hay fuertes discrepancias en los casos reportados entre jurisdicciones”.
Y es que según el estudio, en promedio se reporta un caso de violencia sexual por 10 casos detectados de violencia familiar en la mayoría de las seis jurisdicciones. Sin embargo, en la jurisdicción 5 (Mixteca), de 401 casos detectados, solo uno corresponde a violencia sexual.
“Lo anterior, denota seguramente un muy alto subregistro, sobre todo de casos de violencia sexual. Llama también la atención que solo dos de esos 1,710 casos, fueron referidos a refugios”, revela.
