Un nuevo caso de violencia digital contra menores en Oaxaca de Juárez ha encendido alertas entre organizaciones civiles, luego de que el Colectivo DLR identificara un grupo en Telegram donde se comparten fotografías y videos de adolescentes sin su consentimiento.
La denuncia no solo expone la existencia de una red activa de explotación digital, sino también posibles fallas en la respuesta institucional y en los mecanismos de moderación de plataformas.
UN PATRÓN SISTEMÁTICO DE ABUSO
De acuerdo con el colectivo, las imágenes son obtenidas en distintos contextos: desde acoso en la vía pública hasta grabaciones dentro de hogares y centros educativos. Entre los presuntos responsables figuran acosadores, docentes y hombres que incluso serían familiares de las víctimas.
La organización, encabezada por Andy Torres, advierte que el problema no es aislado, sino parte de una estructura que normaliza la violencia sexual digital contra menores.
CENSURA Y POSIBLE ENCUBRIMIENTO EN REDES
El colectivo también denunció que Facebook eliminó la publicación en la que alertaban sobre estos grupos. Según su versión, esto ocurrió tras denuncias masivas de los propios agresores.
Fb nos eliminó la publicación que hicimos sobre las adolescentes que están compartiendo en grupos de telegram.Obviamente por denuncias de tipos que no quieren que se siga mostrando lo que hacen en redes, de cómo ac*san a sus propias hijas.
Este hecho plantea cuestionamientos sobre la efectividad de las plataformas para proteger a las víctimas frente a dinámicas de denuncia coordinada.
ANTECEDENTES: UNA RED EN EXPANSIÓN
El hallazgo se suma a investigaciones previas iniciadas en noviembre de 2025. El 16 de ese mes, el Colectivo DLR detectó un grupo en Telegram llamado “Filtrados”, con más de 300 usuarios que compartían imágenes de niñas de entre 13 y 14 años.
Posteriormente, el 29 de noviembre, identificaron un grupo en Facebook denominado “Las princesas de papá”, que llegó a concentrar a más de 20 mil usuarios. En este espacio se detectó la posible participación de profesionistas, incluidos un médico y un policía activo, además del uso de perfiles falsos para ocultar identidades.
INTERCAMBIO DE MATERIAL Y POSIBLES DELITOS MAYORES
Las investigaciones también revelaron conversaciones en las que usuarios ofrecían dinero a cambio de contacto físico con menores, además de acuerdos para encuentros en establecimientos de hospedaje.
Según el colectivo, los participantes incluso recibían instrucciones para hacerse pasar por familiares de las víctimas, lo que evidencia un nivel de organización preocupante.
INVESTIGACIÓN OFICIAL Y OBSTÁCULOS
Tras las primeras denuncias, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación por el delito de violación de la intimidad sexual.
Las autoridades realizaron diligencias en escuelas donde se identificaron uniformes en las imágenes y solicitaron apoyo de la Policía Cibernética. Sin embargo, el avance del caso enfrenta limitaciones.
En su momento, Torres advirtió que uno de los principales obstáculos es la falta de denuncias formales por parte de las víctimas:
“Para un menor, probablemente ni siquiera se han dado cuenta de que están viviendo violencia”.
Añadió que, en muchos casos, los adolescentes tardan en reconocer que son víctimas, especialmente cuando el abuso ocurre en entornos familiares.
ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA URGENCIA DE ACTUAR
El caso evidencia una problemática compleja donde convergen violencia digital, fallas institucionales y vacíos en la regulación de plataformas tecnológicas.
Mientras las investigaciones continúan, organizaciones civiles insisten en la necesidad de acciones más contundentes que no dependan exclusivamente de la denuncia directa de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
