El recorte que ha sufrido el presupuesto aprobado de 2020 es un elemento que afectará la planeación, en la metas del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) ya que reducirá su alcance, en donde Oaxaca es parte de las entidades afectadas por sismos, consideró Coneval en su análisis.
Los daños ocasionados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017 y del 16 de febrero de 2018 provocaron afectaciones sociales y económicas que han impedido el retorno a la normalidad de la vida cotidiana de la totalidad de las personas y comunidades afectadas, precisó el organismo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizó un trabajo de análisis de resultados de los programas del gobierno federal en materia de política social: “Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020”, en el cual advirtió un avance general apenas del 20%.
Recordó que en 2019, el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) inició sus operaciones como programa presupuestario, a fin de contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los sismos mencionados.
Sin embargo, la drástica disminución del presupuesto del programa no está relacionada con un avance igual de importante en términos de la atención ofrecida por el programa, subrayó.
El PNR contó con 8 mil millones de pesos en 2019, con lo que se brindaron 36 mil 495 apoyos de vivienda, 296 apoyos de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de planteles educativos, 81 rehabilitaciones a inmuebles de salud y se formalizaron 206 convenios para transferencia de recursos al sector cultural.
Pero, para 2020, el presupuesto se redujo a 2 mil 844 mdp, 62% menos que el año pasado.
El Consejo de Evaluación reconoció que el recorte presupuestal de 2020 al Plan Nacional de Reconstrucción es un factor que reduciría la factibilidad de alcanzar las metas originalmente impuestas.
Coneval instó a los encargados del programa a buscar alternativas y optimizar el presupuesto disponible.
Sobre los avances, la Coneval los considera menores dado que se reconoce que el avance del programa es menor a 20%.
Además, identificó problemas relacionados con la falta de coordinación entre los sectores y la disminución del presupuesto en 2020, dado que la extinción del INIFED es uno de los mayores riesgos potenciales que puede enfrentar el programa en la consecución de sus objetivos en el sector educativo.
Al planteamiento inicial de la problemática por atender, se sumó la inexistencia de una plataforma o base de datos única que integrara la información precisa y suficiente de los diferentes sectores, lo que generó que el padrón preliminar de beneficiarios e inmuebles presentara inconsistencias, acusó Coneval.
De acuerdo con el diagnóstico del programa en 2019, en octubre de 2018 quedaban pendientes por atender los siguientes inmuebles por sector: 133,372 viviendas, 879 planteles educativos, 266 inmuebles de salud, y 1,140 bienes culturales.
Y se pone en riesgo el avance en la reconstrucción integral de las localidades que aún no han sido atendidas por completo, indica la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los Contras
Falta de comunicación y organización entre las dependencias que operaban cada sector del programa. Cada una estableció por su cuenta su población objetivo en 2019, y hasta 2020 las unificaron, aunque a la fecha siguen sin tener un padrón unificado de beneficiarios.
También se imposibilitó en muchos casos la ejecución de los recursos, e implicó que los recursos que sí se pudieron ejercer fueran ejercidos en la atención de obras con daño menor, obras preliminares, obras de apuntalamiento y consolidaciones, o en proyectos ejecutivos y estudios, pero no así en obras de reconstrucción que atendieran daños más graves.
